Chile lanzó la campaña nacional “Juntos pongamos un Alto al Fuego” para la temporada 2026-2027, con foco en acciones humanas capaces de iniciar incendios forestales. La directora ejecutiva de CONAF, Aída Baldini, y el ministro subrogante de Agricultura, Francesco Venezian, presentaron una estrategia comunicacional y educativa destinada a hogares, escuelas y comunidades de interfaz urbano-rural.
La primera línea utiliza testimonios de Martina y Débora, habitantes de la costa del Biobío que perdieron bienes y entorno en incendios anteriores. El objetivo es convertir una amenaza abstracta en consecuencias visibles. La segunda recurre a animales nativos y domésticos para mostrar riesgos concretos: fogatas mal apagadas, instalaciones eléctricas defectuosas y herramientas que generan chispas. Su alcance dependerá de repetición territorial, comprensión pública y capacidad local para convertir mensajes en prácticas sostenidas.
CONAF incorpora recomendaciones como limpiar techos y patios, construir cortafuegos, retirar combustible vegetal, disponer basura en contenedores y no arrojar colillas. Son medidas de autoprotección que reducen continuidad del fuego alrededor de viviendas, pero deben adaptarse al terreno y ejecutarse sin remover indiscriminadamente vegetación nativa ni crear falsa sensación de seguridad.
Venezian afirmó que el Gobierno anticipó preparación con equipamiento, brigadas diurnas y nocturnas y aeronaves. La fuente no detalla cantidad, ubicación, horas de vuelo, cobertura ni comparación con el riesgo proyectado. Por eso el anuncio expresa capacidad prevista, no garantía de respuesta suficiente frente a eventos simultáneos, vientos extremos o accesos difíciles.
Baldini vinculó la difusión con construcción de cortafuegos, eliminación de combustible, charlas escolares y trabajo en comunidades. Esa articulación es esencial: una campaña masiva puede elevar conciencia, pero la prevención territorial requiere mapas de riesgo, rutas de evacuación, alertas, mantenimiento, coordinación municipal y apoyo a familias que no pueden financiar por sí solas adecuaciones.
El mensaje debe evitar culpabilizar de manera genérica a la población. Investigar cada ignición permite diferenciar negligencia, accidente, falla de infraestructura e intencionalidad y orientar fiscalización. También es necesario proteger a brigadistas y comunidades con información sobre humo, salud, evacuación y prohibiciones vigentes, además de comunicar cuándo una conducta pasa de riesgosa a sancionable.
La campaña busca un cambio cultural de mediano y largo plazo. Su evaluación debería medir alcance, comprensión, adopción de prácticas, reducción de igniciones humanas y número de comunidades con planes probados, no sólo reproducciones publicitarias. Si esos indicadores se publican junto con recursos y resultados operativos, “Alto al Fuego” podrá convertirse en política preventiva verificable y no quedar en un eslogan estacional.