La red brasileña fue reconocida como Referencia Mundial de Restauración durante la COP17. Reúne a más de 180 organizaciones, tenía más de 27.000 hectáreas bajo restauración en junio de 2026 y busca ampliar esa escala sin reducir el proceso a plantar árboles.
Brasil acumuló 2.727 solicitudes de exploración de tierras raras y el 42% tiene capital extranjero. Al menos una cuarta parte se superpone o queda cerca de 283 áreas protegidas y territorios indígenas, mientras el país debate licencias, procesamiento local y soberanía mineral.
La Resolución 0961 declaró reserva definitiva 483.283 km² del bioma amazónico y excluyó nuevas concesiones mineras y contratos de hidrocarburos. La medida protege bosque, agua y biodiversidad, pero respeta derechos preexistentes, otros usos regulados y territorios indígenas.
Vale sostiene que la falta de reglamentación para clasificar cavernas bloquea proyectos en Carajás. La discusión enfrenta la demanda de minerales estratégicos con la protección de ecosistemas, acuíferos y patrimonio científico que pueden ser irreversibles.
El Supremo Tribunal Federal reconoció la constitucionalidad del acuerdo voluntario, pero avaló normas estatales que retiran incentivos fiscales a empresas adherentes. El fallo conserva el instrumento en derecho, aunque no revierte la salida de grandes traders ni recompone su capacidad operativa.
La ladera cayó antes del amanecer sobre dos o tres viviendas de un asentamiento densamente poblado en Ghatkopar. Al corte del 12 de agosto había cuatro heridos, diez personas rescatadas y una que residentes todavía consideraban desaparecida.
Nurra, Wala y Mortí firmaron las actas de consentimiento libre, previo e informado tras ocho meses de diálogo. El acuerdo habilita la implementación de un proyecto liderado por MiAMBIENTE junto con la FAO y la Fundación ANCON, con participación comunitaria directa.
El sistema Deter del INPE registró 2.874,38 km² bajo alerta entre agosto de 2025 y julio de 2026, el menor nivel de la serie comparable y 55,6% por debajo del promedio de la década. La señal es favorable, aunque no equivale todavía a la tasa anual oficial que debe consolidar Prodes.
El gobierno de Jennifer Geerlings-Simons creó un equipo interministerial y notificó formalmente a ocupantes menonitas que deben abandonar áreas del interior donde se detectó desmonte sin autorización. La medida abre un proceso administrativo y migratorio; no significa que los desalojos ya se hayan ejecutado.
La deforestación nacional aumentó 5% frente a 2024, aunque permaneció 31% por debajo de 2021. La Amazonía concentró más del 65% de la pérdida y mantuvo casi intacta su superficie desmontada, con acaparamiento de tierras, ganadería extensiva y caminos no planificados como motores principales.
Un análisis satelital de Greenpeace registró desmontes en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco entre enero y junio de 2026. La distribución territorial de la pérdida y el aumento salteño exponen límites de control, sanción y financiamiento para proteger el bosque nativo.
La desarrolladora india y la gestora japonesa firmaron un memorando para movilizar capital inicial y convertir residuos agrícolas, forestales y especies invasoras en biochar en seis estados. Las 35.000 remociones anuales anunciadas serán una proyección hasta que las plantas operen y cada crédito sea medido, verificado y emitido.