La COP31 comenzó en Antalya con unas 100.000 personas acreditadas, más de 90 jefes de Estado y delegaciones de casi 200 países bajo una consigna exigente: convertir compromisos en ejecución. La apertura incluyó un Día de la Salud, pero los anuncios mostraron la distancia entre reconocer la crisis y financiar hospitales, alertas, agua segura y personal capaz de responder a calor, inundaciones y enfermedades.
La negociación incorporó un punto sobre financiación climática tras conversaciones prolongadas. Sin embargo, el Grupo Africano retiró su pedido de un tema separado para triplicar la adaptación y lo trasladó a otros espacios. El compromiso heredado de COP30 no definió año base ni monto: según el PNUMA, cubriría apenas 20% a 29% de los cerca de US$420.000 millones anuales que los países en desarrollo necesitarán en 2035.
En salud, la brecha es visible. Los compromisos públicos internacionales para adaptación sanitaria cayeron de unos US$3.200 millones en 2022 a US$2.200 millones en 2024, apenas 5% de toda la financiación pública internacional de adaptación. Más de 90% de los países encuestados por la OMS identifican la falta de dinero como barrera principal para sus planes de clima y salud.
El costo humano ya no es abstracto. El Lancet Countdown vinculó el calor con un récord de 710.000 muertes en 2023 y estimó que casi tres cuartas partes estuvieron asociadas al cambio climático; la contaminación por combustibles fósiles causó otros 2,78 millones de fallecimientos. Son estimaciones epidemiológicas globales, no conteos certificados caso por caso.
Türkiye y la OMS lanzaron la Iniciativa de Antalya para Sistemas de Salud Resilientes, AIR, una plataforma voluntaria para compartir qué medidas funcionaron, qué falló y cuánto costó. Al cierre del primer día no había lista de países participantes, personal ni financiación publicada. El instrumento puede mejorar aprendizaje, pero sin recursos y metas verificables corre el riesgo de quedarse en intercambio de experiencias.
Brasil presentó además un marco financiero para el Plan de Acción de Salud de Belém, respaldado por 40 países y con unas 60 medidas no vinculantes. El documento señala qué mecanismos —fondos climáticos, bancos de desarrollo, filantropía o presupuestos— podrían pagar cada acción. El ministro Alexandre Padilha aclaró que no es un fondo nuevo: es un mapa para usar dinero existente y orientar a subvenciones las medidas sin retorno comercial.
Tedros Adhanom Ghebreyesus resumió la prueba política: las declaraciones no protegen a las personas, la implementación sí. La salud todavía carece de un punto propio en la negociación formal y de objetivos numéricos para 2035. El resultado de COP31 deberá medirse por financiación adicional, acceso sin más deuda, reducción rápida de combustibles fósiles y sistemas que conviertan alertas en atención concreta antes del próximo desastre.
