El Gobierno de Abelardo De la Espriella revocó la resolución 0961, que prohibía nuevas actividades de minería a gran escala y explotación de hidrocarburos en más de 48 millones de hectáreas de Amazonía colombiana. La decisión retira una capa administrativa de protección, pero no otorga por sí sola títulos mineros, contratos petroleros ni licencias ambientales para proyectos concretos.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, sostiene que la norma anterior tenía un vicio porque no consultó a comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. Añade que 75% de la Amazonía permanece bajo parques, territorios indígenas, reservas de Ley Segunda y otras figuras, y que la revocación corrige incertidumbre jurídica sin autorizar de inmediato nuevas operaciones.
Organizaciones ambientales responden que la resolución era complementaria y políticamente excepcional: planteaba al bioma como zona libre de nueva megaminería y expansión fósil. Raphael Hoetmer, de Amazon Watch, interpreta su eliminación como una señal favorable a proyectos extractivos, aunque reconoce que ni la protección previa ni su revocación determinan por sí solas lo que ocurre en el terreno.
La presión existente es considerable. Un informe de Earth Insight, IISD y OPIAC identificó 14 millones de hectáreas de bloques de petróleo y gas, equivalentes a 28% de la Amazonía colombiana; ocho millones se superponen con bosques intactos. Putumayo concentra más de 70% de los bloques de producción y más de 250 pozos activos.
La discusión también involucra a las Entidades Territoriales Indígenas. Ocho ETI reconocidas a finales de 2025 abarcan más de siete millones de hectáreas, cerca de 15% de la Amazonía nacional. Juan David Varela, de Fundación GAIA Amazonas, advierte que su reconocimiento deriva de la Constitución de 1991 y no debería tratarse como política partidaria de un gobierno anterior.
La falta de diálogo con esas entidades puede paralizar decisiones sobre autonomía, manejo forestal y control territorial. Al mismo tiempo, conservar normas no basta para detener minería ilegal, deforestación o apertura de caminos. La eficacia depende de presencia institucional, justicia, información pública y capacidad de los gobiernos indígenas para aplicar sus sistemas de conocimiento.
El siguiente paso debería ser publicar el expediente de revocación, realizar las consultas omitidas y definir una protección sustituta antes de evaluar nuevas solicitudes. Un tablero abierto tendría que mostrar bloques, títulos, licencias, bosques intactos, superposiciones y decisiones de ETI. Así podrá verificarse si la corrección procesal mantiene una barrera efectiva o se convierte en vía para expandir minería y petróleo legal en el bioma.
