La contaminación por mercurio asociada a la minería ilegal de oro en la Amazonía escaló desde una emergencia dispersa hasta una demanda de acción regional. Una investigación de Mongabay Latam siguió el problema en las cuencas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira, que conectan Perú, Bolivia y Brasil. El relevamiento expone cómo el contaminante circula con el agua y atraviesa límites administrativos que ningún operativo nacional puede controlar por separado.
El trabajo identificó 249 comunidades indígenas y ribereñas evaluadas científicamente por exposición al mercurio y ubicó otras 702 entre focos activos de minería ilegal y poblaciones donde ya se documentó contaminación. En total, 951 comunidades aparecen expuestas o en riesgo. La segunda cifra no significa que todos sus habitantes tengan un diagnóstico confirmado: delimita territorios donde la proximidad y la conectividad fluvial justifican vigilancia prioritaria.
En la minería aurífera, el mercurio se usa para amalgamar el oro y puede ingresar a ríos, sedimentos y cadenas alimentarias. Los peces acumulan compuestos que luego alcanzan a poblaciones cuya dieta, economía y cultura dependen del agua. Por eso medir únicamente el metal en zonas mineras resulta insuficiente: se necesitan análisis ambientales, biomonitoreo humano, atención sanitaria y comunicación comprensible para cada comunidad.
Una delegación científica llevó al papa León XIV un informe sobre territorios amazónicos de Colombia, Bolivia, Brasil y Perú. Le pidió que ayudara a convocar a autoridades y actores con capacidad de asumir compromisos urgentes. La entrega amplifica la visibilidad moral y política del problema, pero no constituye una norma, una partida presupuestaria ni un plan de remediación ya acordado entre los Estados.
Tras la investigación, expertos y legisladores de Perú y Bolivia propusieron fortalecer la vigilancia sanitaria, restringir el uso y comercio del mercurio, detener las fuentes contaminantes y desarrollar alternativas económicas para quienes dependen de la minería. Las medidas deben distinguir a redes criminales, comercializadores y operadores de comunidades empobrecidas, para que la aplicación de la ley no traslade todo el costo a los eslabones más vulnerables.
La dimensión transfronteriza exige intercambio de datos, trazabilidad del mercurio y del oro, protocolos compatibles de salud y operaciones coordinadas en las cuencas. También requiere participación indígena desde el diseño: informar resultados individuales y colectivos, respetar decisiones territoriales y garantizar agua y alimentos seguros. Sin esa confianza, el monitoreo puede producir cifras sin reducir exposición ni reparar derechos.
El avance deberá medirse por resultados verificables: menos mercurio ingresando a los ríos, focos ilegales desarticulados, comunidades examinadas y tratadas, alternativas económicas sostenidas y recuperación ambiental. El llamado al papa y las propuestas legislativas abren una ventana de atención; convertirla en protección dependerá de presupuestos, plazos, responsables públicos y coordinación estable entre los países amazónicos.
