El pozo LO-X10, en Lomas de Olmedo, Salta, continúa liberando gas e hidrocarburos sobre un bosque de transición entre el Chaco Seco y las Yungas. Perforado por YPF en 1983, nunca produjo comercialmente ni recibió el sellado técnico de abandono. Desde 2022, la fuga habría secado unas 20 hectáreas y cubierto suelo y vegetación con una película aceitosa.
El área es prioritaria para conservación y está reconocida por su importancia para aves, entre ellas el águila coronada, especie amenazada. El biólogo Matías Arrigazzi estima que recuperar un bosque nativo maduro puede demandar más de un siglo. Esa duración muestra que cerrar el pozo es condición inicial, pero no equivale a restaurar el ecosistema ya afectado.
Aureliano Reyes, productor de la finca lindera El Estanque, presentó la denuncia que originó una causa penal. Reportó la muerte de 350 animales vacunos y equinos, además de contaminación de suelos y aguas subterráneas. Esas pérdidas forman parte de su denuncia y requieren pericias que vinculen exposición, sustancias y mortalidad; no deben presentarse como causalidad judicialmente resuelta.
La concesión cambió seis veces de manos entre 1991 y 2015. La última operadora, President Petroleum, heredó el pozo y quebró en Argentina en 2024. La causa penal investiga a su representante legal por contaminación con resultado dañoso entre octubre de 2023 y mayo de 2025. Una defensa pidió la nulidad y el expediente seguía en investigación preparatoria.
En paralelo, Salta demandó civilmente a las seis empresas y al Estado nacional bajo la responsabilidad solidaria prevista cuando no puede individualizarse cada aporte. El 23 de octubre de 2026, la Justicia ordenó presentar en diez días hábiles un plan de cierre y contención. YPF dijo que colaborará con la solución provincial, pero atribuye la responsabilidad a President Petroleum, que no respondió.
Tras caducar la concesión, el área pasó a Salta y quedó transitoriamente bajo REMSa. El acuerdo limita su tarea a resguardo de emergencia, preservación y estudio de base. Esa administración evita un vacío operativo, pero no reemplaza una obra integral: controlar presión, cementar, retirar fluidos, delimitar pluma subterránea y tratar suelo y agua con auditoría independiente.
La salida necesita una autoridad coordinadora, presupuesto asegurado y un cronograma público con hitos verificables. Primero debe detenerse la fuente; luego medir aire, agua, suelo, biodiversidad y salud animal, y restaurar por etapas. Las disputas sobre quién paga pueden continuar sin dejar al ambiente como garantía de cobro. La cautelar sólo será efectiva si se transforma en obra, monitoreo y reparación para vecinos y bosque.
