El crecimiento de los centros de datos en el estado de Washington no distribuye sus impactos de manera neutral. Un informe de Front and Centered determinó que el 57% de las 81 instalaciones analizadas se encuentra en áreas censales con las mayores proporciones de población de color, mientras sólo el 2% está en las de menor proporción.
El estudio combinó ubicaciones conocidas con el mapa estatal de disparidades de salud ambiental, que integra contaminación, calidad del agua, pobreza y otros factores. Casi la mitad de las instalaciones, el 47%, quedó situada en comunidades con algunos de los riesgos acumulados más altos del estado. El análisis concluyó que la relación con la raza era más fuerte que con el ingreso.
La expansión se apoya en la abundante hidroelectricidad de la región y atrae proyectos de empresas tecnológicas, pero exige grandes cantidades de electricidad, agua y suelo. Los centros también utilizan generadores diésel de respaldo y producen residuos electrónicos. Estas presiones se suman a cargas preexistentes en comunidades indígenas, migrantes, de bajos ingresos y de color.
Los centros de datos ya consumen alrededor del 6% de la electricidad de Washington. En el condado de Grant, donde el 45% de la población es hispana, el sector utiliza el 37% de la energía del condado. La ampliación de líneas de transmisión y el temor a tarifas más altas trasladan el debate desde la infraestructura digital hacia la vivienda, la tierra y el costo de vida.
La organización entrevistó a 29 grupos de primera línea y encontró preocupación por demanda eléctrica, consumo de agua, contaminación, asequibilidad y participación pública insuficiente. El problema se agrava porque no existe una lista oficial única de centros de datos y los permisos se fragmentan entre zonificación local, construcción y controles estatales de aire, agua y energía.
Front and Centered propuso una moratoria estatal sobre nuevos centros hiperescalables y la ampliación de los existentes, mientras se construye un marco de evaluación acumulativa. Spokane y Seattle ya aprobaron pausas temporales locales. La industria sostiene que las instalaciones generan empleo y crecimiento, pero no respondió al estudio específico.
El próximo paso será decidir si Washington evalúa cada proyecto aisladamente o reconoce la carga combinada sobre la red, el agua y la salud. Una regulación creíble requerirá inventario público, datos de consumo, evaluación de alternativas, protección tarifaria y participación temprana de las comunidades antes de cerrar ubicaciones y contratos.
