La Resolución de Katmandú 2026 plantea que Asia debe fortalecer su propio liderazgo en conservación mediante cooperación pacífica, circulación de conocimiento y protagonismo de comunidades locales. El documento fue aprobado durante el sexto Congreso Conservation Asia, celebrado en Nepal durante la primera semana de junio. Es una declaración colectiva de participantes, no un tratado entre Estados ni una política pública con obligaciones jurídicas.
El encuentro reunió a casi 500 conservacionistas vinculados con 42 países. Según la crónica de Sayan Banerjee, 390 participantes representaron al Sur Global, 357 eran profesionales de carrera temprana con edad mediana inferior a 45 años, 151 eran estudiantes y 38 se identificaron como integrantes de pueblos indígenas o comunidades locales. El 43 por ciento se identificó como mujer o parte de minorías de género.
El programa acumuló más de 300 horas de intercambio: 11 conferencias plenarias, 300 presentaciones orales distribuidas en 24 sesiones y 19 simposios, 59 pósteres y 12 talleres. La amplitud incluyó especies amenazadas y dimensiones humanas como coexistencia, custodia comunitaria, ecología política y educación. Participantes señalaron, sin embargo, que faltó más espacio para ecosistemas marinos, especies pequeñas y ciencias sociales y humanidades.
La equidad de acceso fue un desafío concreto. La inscripción de US$229 para miembros de países de ingresos bajos y medios fue considerada elevada por estudiantes. Los organizadores entregaron reembolsos, exenciones o descuentos a casi 160 personas, más del 30 por ciento de la asistencia. Un paquete de inclusión redirigió aportes de patrocinadores para financiar viajes e inscripciones de cerca de 50 jóvenes, estudiantes e integrantes de comunidades indígenas.
La resolución pide construir capacidades mediante colaboración transasiática, libre movimiento de experiencia y recursos para formar liderazgo. Propone fortalecer capítulos nacionales como comunidades de práctica y centros regionales de pensamiento, y cuestionar sistemas económicos extractivos que reducen la naturaleza a capital disponible. También reclama espacios de conducción para estudiantes, mujeres, minorías de género y pueblos indígenas.
Otro eje es pasar de una protección vertical a una conservación centrada en comunidades, con derechos, custodia y decisiones autodeterminadas. El texto vincula biodiversidad con bienestar, medios de vida y políticas de paisaje para la coexistencia entre personas y fauna. Además, impulsa investigación abierta, ética y colaborativa, y monitoreo de indicadores socioecológicos para orientar infraestructura y desarrollo basados en evidencia.
La resolución no cuenta con gobiernos como partes de su elaboración, y el propio comentario reconoce que todavía no se sabe si ganará tracción o quedará en el papel. Su valor inmediato es ordenar prioridades y redes; su prueba será movilizar recursos, abrir espacios de decisión y traducir principios en proyectos medibles. Conviene leerla como hoja de ruta del sector y no como resultados de conservación ya alcanzados.
