La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció la eliminación de las reglas que limitaban las emisiones de gases de efecto invernadero de centrales eléctricas alimentadas con carbón y gas. La decisión revierte una pieza central de la política climática de Joe Biden y modifica el rumbo regulatorio federal bajo Donald Trump. La derogación comenzará a regir poco después de su publicación en el Registro Federal.
La norma de 2024 obligaba a determinadas centrales de carbón a capturar emisiones de sus chimeneas o cerrar. La EPA sostiene ahora que retirarla permitirá a las empresas eléctricas decidir según costos, ahorro y confiabilidad para los usuarios. La agencia calcula que la industria evitará más de US$300.000 millones en costos y presenta el cambio como parte de su estrategia para ampliar la oferta energética.
La administración anunció además una propuesta separada que podría impedir que gobiernos futuros regulen la contaminación climática de las centrales. Ese segundo instrumento todavía no es definitivo y se espera que concluya su trámite el próximo año. Sigue una decisión adoptada en febrero que eliminó estándares de gases de efecto invernadero para autos y camiones y retiró una base científica usada durante años para regular esas emisiones.
Las centrales de carbón, gas y petróleo generan alrededor de una cuarta parte de la contaminación climática estadounidense, sólo detrás del transporte. El cambio, por lo tanto, afecta una fuente estructural de dióxido de carbono. La EPA argumentó en su propuesta original que las emisiones de estas plantas son una parte pequeña y decreciente del total mundial y no alcanzan el umbral exigido por la Ley de Aire Limpio.
Organizaciones ambientales y de salud anunciaron impugnaciones judiciales y advierten sobre más calentamiento y contaminación asociada. Una revisión de AP estimó que el conjunto de regulaciones ambientales atacadas por la administración podría evitar unas 30.000 muertes y ahorrar US$275.000 millones por cada año de vigencia. Esa cifra abarca varias normas y no debe atribuirse exclusivamente a la regla de centrales ahora derogada.
El sector del carbón respaldó el retiro. Sus representantes afirman que protegerá la confiabilidad de la red y a los consumidores ante el aumento de la demanda de centros de datos, inteligencia artificial y manufactura. Los opositores responden que tecnologías limpias y confiables ya están disponibles y que las emisiones agravan olas de calor, inundaciones, tormentas y costos de seguros. Ambas posiciones anticipan una disputa técnica, económica y judicial.
El anuncio coincidió con una reunión ministerial del G20 sobre abundancia energética en Houston. Sin embargo, la secuencia regulatoria todavía no está cerrada: la derogación debe publicarse, los tribunales examinarán su legalidad y la propuesta sobre administraciones futuras atraviesa otro proceso. El impacto deberá medirse en emisiones reales, mezcla eléctrica, precios, confiabilidad y salud pública, sin convertir estimaciones de ahorro o daño en resultados ya observados.
