El Ministerio de Ambiente de Uruguay reunió en la ciudad fronteriza de Chuy a mujeres afrodescendientes de cuatro departamentos para incorporar sus experiencias a la implementación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático 2026–2030. El taller se realizó el 24 de julio en el Polo Educativo Tecnológico y convocó a participantes de Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y Maldonado.
La jornada se tituló “Mujeres afrodescendientes: datos meteorológicos, cambio climático y género”. Su objetivo fue reconocer cómo las participantes viven los eventos climáticos en la vida cotidiana, qué respuestas desarrollan en sus comunidades y de qué manera esas prácticas pueden dialogar con la información meteorológica disponible.
El encuentro es el primero de un ciclo de tres en departamentos de frontera. Participan el Ministerio de Ambiente, el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, el Ministerio de Educación y Cultura, el Instituto Uruguayo de Meteorología, la Dirección Nacional de Emergencias y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La estrategia parte de una brecha concreta: los impactos climáticos no se distribuyen de forma uniforme. Las desigualdades en ingresos, vivienda, movilidad, acceso a recursos, tareas de cuidado y espacios de decisión pueden aumentar la exposición y reducir la capacidad de recuperación; al mismo tiempo, los conocimientos construidos por las comunidades suelen quedar fuera de los diagnósticos técnicos.
Los procesos participativos que precedieron al plan nacional ya identificaron efectos como mayor trabajo no remunerado, pérdidas económicas y afectaciones de la salud física y mental durante eventos extremos. El enfoque étnico-racial agrega una capa necesaria para evitar que las políticas traten a “las mujeres” como un grupo homogéneo y para reconocer barreras específicas en territorios rurales, costeros y fronterizos.
Vincular experiencia local con meteorología puede mejorar la utilidad de alertas, mapas de riesgo y protocolos de emergencia, pero el taller por sí solo no garantiza ese resultado. La medida de su eficacia será si las observaciones se convierten en acciones, responsables, presupuesto e indicadores verificables dentro de la ejecución 2026–2030, y si las participantes reciben una devolución sobre el uso de sus aportes.
Los próximos dos encuentros del ciclo deberán ampliar la evidencia territorial y sostener la coordinación institucional. El desafío posterior será mantener canales permanentes de participación, producir información climática accesible y evaluar si las respuestas reducen brechas reales; la inclusión deja de ser declarativa cuando cambia quién define el riesgo, cómo circulan los datos y a quién llega primero la protección.
