Mesoamérica comenzó a construir una hoja de ruta regional hacia la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, que propone conservar al menos el 30 por ciento de las áreas terrestres, aguas continentales y espacios marinos para 2030. El Foro Regional Mesoamérica hacia el 30x30, celebrado en Mérida, Yucatán, reunió gobiernos, organizaciones internacionales, comunidades y sector privado. El encuentro abrió un proceso de coordinación; no creó por sí mismo nuevas áreas protegidas ni obligaciones vinculantes.
La región parte de una cobertura relevante pero insuficiente. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo citados en el foro sitúan la protección terrestre en 24,5 por ciento y la marina en 25,3 por ciento. Alcanzar la cifra restante exige identificar vacíos ecológicos y conectar ecosistemas, pero también asegurar presupuesto, personal, vigilancia y continuidad. Declarar hectáreas sin capacidad de gestión puede producir protección nominal sin resultados verificables.
La UICN, la Secretaría de Medio Ambiente de México y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas organizaron el encuentro con apoyo del GEF, KfW y Canadá. La agenda incluyó gobernanza equitativa, financiamiento, producción sostenible, conectividad, evidencia, certeza jurídica y participación indígena. Esos componentes amplían el 30x30 más allá del mapa y lo convierten en una discusión sobre quién decide, quién sostiene los costos y cómo se distribuyen los beneficios.
La hoja de ruta busca aportar posiciones regionales a la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y al Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, previsto en Panamá en 2027. El viceministro panameño Oscar Vallarino advirtió que cumplir una cuota no justifica crear áreas sin recursos. La secuencia propuesta debe pasar de la meta internacional al diseño fiscal, jurídico e institucional de cada territorio.
Los pueblos indígenas y las comunidades locales ocupan un lugar central. El consejero indígena de la UICN Onel Masardule recordó que una parte de la conservación existente ocurre en territorios que no siempre aparecen contabilizados. Reconocer esos aportes requiere respetar autogobierno, autonomía y derechos territoriales y colectivos, además de evitar que el conocimiento comunitario quede subordinado a una única jerarquía técnica.
El foro presentó señales concretas. La Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde ingresó en la Lista Verde de la UICN y se convirtió en la primera área protegida de Costa Rica con ese estándar, que evalúa gobernanza, gestión y resultados. Yucatán propuso incorporar la Reserva Biocultural del Puuc al Corredor Biocultural Gran Selva Maya. Una inclusión propuesta aún debe distinguirse de una integración formal y operativa.
El avance debería medirse con más que superficie declarada: estado de especies y hábitats, conectividad, eficacia de gestión, presupuesto estable, participación, seguridad territorial y beneficios comunitarios. También importa incorporar indicadores ambientales a los presupuestos públicos y armonizar los lenguajes científico, económico y jurídico. La prueba del 30x30 no será alcanzar un porcentaje en 2030, sino conservar biodiversidad con legitimidad y capacidad duradera.
