Estados Unidos llegó a la COP31 de Antalya sin delegación oficial del gobierno federal por segundo año consecutivo. La conferencia reúne del 9 al 20 de noviembre a casi 200 países para negociar reducción de emisiones, adaptación y financiación. La ausencia ocurre mientras Estados Unidos sigue siendo el segundo mayor emisor actual y, en términos históricos acumulados, el principal responsable nacional señalado por la fuente.
La decisión acompaña la política del presidente Donald Trump, quien al iniciar su segundo mandato ordenó retirar nuevamente al país del Acuerdo de París y también de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta última salida entraría en vigor el próximo año. No asistir significa renunciar a intervenir oficialmente en textos, alianzas y compromisos que pueden afectar energía, comercio y riesgo climático.
El vacío federal no dejó al país sin presencia social. Más de cien gobernadores, alcaldes, legisladores, empresas y organizaciones comunitarias viajaron de manera independiente bajo redes como America Is All In y Climate Mayors. Pueden presentar políticas, negociar cooperación y mostrar que existen compromisos internos, pero no emiten la posición diplomática de Washington ni comprometen fondos nacionales.
La COP31 aprobó rápidamente su agenda formal, aunque las diferencias sobre dinero siguen abiertas. Los países vulnerables piden recursos predecibles para adaptación, pérdidas y daños, mientras varias economías ricas resisten obligaciones mayores. La conferencia también aborda electrificación, energía limpia, metano y residuos, ciudades resilientes y una iniciativa voluntaria sobre inteligencia artificial. Ninguno de esos frentes queda resuelto por su sola inclusión en la agenda.
El contexto científico vuelve costosa la retirada. La información citada durante la apertura situó enero-septiembre de 2026 en torno a 1,47 °C sobre el nivel preindustrial y señaló nuevas concentraciones récord de gases de efecto invernadero. Un período de nueve meses no define por sí solo el cumplimiento de la meta de París a largo plazo, pero refuerza la urgencia de recortes sostenidos y preparación ante impactos.
La participación subnacional puede reducir emisiones mediante códigos de construcción, transporte, electricidad y compras públicas. Sin embargo, su alcance depende de competencias, presupuestos y continuidad política. No sustituye estándares federales, diplomacia, contribuciones a fondos multilaterales ni una contribución nacional cuantificada. Presentarla como reemplazo completo ocultaría la escala de las decisiones que sólo puede tomar el gobierno central.
El efecto de la ausencia se medirá en dos planos: cuánto dificulta acuerdos colectivos y cuánto logran conservar los actores estadounidenses no federales. Para la COP31, la prueba no es una fotografía de delegados, sino decisiones verificables sobre emisiones, adaptación y recursos. Para Estados Unidos, será si la retirada reduce influencia y cooperación justo cuando las reglas climáticas internacionales continúan desarrollándose sin su voto oficial.
