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El arrendamiento ilegal de tierras Kaingang alimenta desplazamiento y riesgo de nueva violencia en Paraná

Unas 300 personas expulsadas de la aldea Serrinha viven desde 2025 en un campamento precario. Un acuerdo para reemplazar alquileres a agricultores por producción comunitaria sigue demorado, mientras la reintegración judicial y la seguridad permanecen sin resolver.

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Unas 300 personas Kaingang sobreviven desde febrero de 2025 en carpas de lona, sin electricidad ni agua entubada, en una propiedad rural de Pitanga, Paraná. Fueron expulsadas de la aldea Serrinha dentro de la Tierra Indígena Ivaí tras un ataque del 4 de enero de 2025, cuando más de cien indígenas de otra aldea incendiaron viviendas y vehículos y dejaron decenas de heridos.

El episodio no puede explicarse como una disputa étnica aislada. En la TI Ivaí, de 7.306 hectáreas, la Funai identifica unas 300 hectáreas arrendadas cada año a agricultores para soja, trigo, maíz y otros monocultivos. La Constitución brasileña reserva el usufructo a los pueblos indígenas y prohíbe la explotación por terceros; la práctica lleva al menos dos décadas.

Según familias desplazadas y documentos citados por Mongabay, la renta se administra a través de la Asociación Comunitaria Indígena Laranjal y se concentra en un grupo de dirigentes. Un agricultor afirmó pagar R$3.000 por alqueire y R$500 adicionales a liderazgos por cada cosecha. Son testimonios y acusaciones que requieren investigación, no una sentencia sobre todos los participantes ni sobre el destino completo del dinero.

La oposición a ese sistema impulsó en 2024 la creación de Serrinha en una parte de la tierra utilizada para arrendamientos. El cacique Valmir Olivério, de 33 años, recibió un disparo en el rostro durante el ataque; su hermano Hamilton conserva cuatro proyectiles en el cuerpo. Valmir denuncia amenazas de muerte y las familias reclaman que la Justicia Federal les permita volver.

En abril de 2025, el MPF, la Funai, la asociación y dirigentes de Ivaí firmaron un acuerdo para reemplazar los alquileres por producción gestionada por la propia comunidad. Prevé maíz, frijol y mandioca en 300 hectáreas, maquinaria, asistencia agronómica, límites ambientales y reparto justo. El plan involucra más de R$3,9 millones de la Renta del Patrimonio Indígena.

El acuerdo no se implementó en plazo. En febrero de 2026, el MPF demandó a la Funai y pidió demostrar las metas atrasadas, presentar un plan y aplicar una multa diaria de R$20.000. La Funai atribuyó la demora a la reducción de personal en Guarapuava y dijo reorganizar la ejecución. Las mediaciones separadas fracasaron porque ambos grupos rechazaron una sesión conjunta.

El expediente de reintegración espera manifestaciones antes de fijar audiencia, mientras líderes desplazados hablan de represalias armadas si no regresan. Esa amenaza exige protección inmediata, investigación y desarme preventivo, no normalización retórica de una guerra. Una salida duradera debe asegurar retorno o solución territorial legítima, poner fin a los arrendamientos, transparentar recursos y construir producción comunitaria sin que el costo recaiga otra vez sobre familias Kaingang.