Cinco municipios de la Amazonia boliviana —Palos Blancos, Alto Beni, San Buenaventura, Rurrenabaque y Caranavi— aprobaron leyes locales que declaran sus territorios libres de minería aurífera. La movilización reúne pueblos indígenas, productores y autoridades que quieren proteger ríos y una economía agroecológica. Las normas expresan una decisión territorial, pero su alcance jurídico sigue en disputa con el Gobierno central.
Palos Blancos y Alto Beni avanzaron más: la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que prohíbe operaciones mineras y la tramitación de nuevos derechos dentro de ambas jurisdicciones. Falta el Senado, de modo que no es una ley nacional vigente. Los otros tres municipios cuentan con decisiones municipales, no con el mismo nivel de reconocimiento parlamentario.
La defensa nace de una experiencia acumulada. Antes de 2017 operaban empresas y cooperativas auríferas en el río Alto Beni, que recorre 187 kilómetros y luego forma el Beni al unirse con el Kaka. Agricultores sostienen que el agua contaminada dañó cultivos. Hoy el alcalde de Palos Blancos dice que no hay minería a gran escala, aunque persisten trabajadores artesanales.
El cacao orgánico es el argumento económico central, junto con cítricos, plátano, yuca, arroz, café y ecoturismo. Sus productores temen que metales o sedimentos en agua y suelos reduzcan cosechas y pongan en riesgo certificaciones. Elegir agricultura renovable sobre oro no elimina necesidades fiscales o de empleo: obliga a demostrar que cadenas productivas, infraestructura y mercados sostienen ingresos locales.
El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, calificó de ilegal que un municipio se declare libre de minería porque los recursos minerales corresponden al nivel central. Especialistas citados por Mongabay responden que esa competencia no anula las obligaciones ambientales ni el ordenamiento municipal; una sentencia constitucional mantuvo vigente la facultad de Alto Beni para legislar en protección ambiental.
La contaminación no respeta límites administrativos. Una operación aguas arriba puede afectar comunidades cientos de kilómetros abajo, por lo que cinco prohibiciones aisladas no bastan. Organizaciones proponen una estrategia de cuenca con monitoreo conjunto de agua, alertas, intercambio de datos y coordinación entre municipios, pueblos indígenas y Estado. El Acuerdo de Escazú aporta obligaciones de información, participación y acceso a justicia.
La prueba será la implementación. Deben publicarse catastros y derechos existentes, distinguir minería legal, ilegal y artesanal, vigilar mercurio y sedimentos y definir quién sanciona incumplimientos. La media sanción es un avance político, no el cierre del conflicto. Proteger la vocación agroecológica requerirá controles de cuenca, recursos para fiscalización y alternativas económicas capaces de mantener respaldo social durante años.
