Baja California Sur se incorporó a la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con una meta de 125.559 plantas en 831 hectáreas de los municipios de La Paz y Comondú. El lanzamiento estatal tuvo lugar en el ejido El Rosario, donde autoridades, habitantes y servidores públicos participaron en la plantación de 300 ejemplares adaptados a las condiciones de la región.
La selección inicial incluyó mezquite, cardón, lomboy y palo Adán, especies nativas vinculadas a ecosistemas áridos y semiáridos. Su uso evita tratar la reforestación como una simple reproducción de modelos de bosques húmedos. En un territorio con agua limitada, temperaturas altas y lluvias irregulares, la correspondencia entre planta, suelo, sitio y temporada es determinante para la supervivencia.
La información oficial ubica la jornada como inicio de un programa más amplio. Además de los 300 ejemplares de El Rosario, una primera etapa contempla otros 2.550 en la cuenca de La Paz, mientras en Comondú se realizaron trabajos simultáneos. La diferencia entre esas cantidades y la meta total debe mantenerse clara: 125.559 es el objetivo proyectado, no el balance ya plantado.
El plan atribuye a la reforestación beneficios para la biodiversidad, la protección del suelo y la adaptación y mitigación climáticas. Esos efectos son posibles, pero no automáticos. Dependen de que las plantas se establezcan, crezcan y formen comunidades vegetales funcionales; también de que la intervención no sustituya la protección de vegetación madura ni altere ecosistemas naturalmente abiertos.
En zonas secas, el trabajo posterior a la plantación suele decidir el resultado. Protección frente al ramoneo, reposición de pérdidas, control de especies invasoras, riego de establecimiento cuando corresponda y seguimiento durante varias temporadas son tareas necesarias. Contar ejemplares entregados o colocados ofrece un indicador de esfuerzo, pero la supervivencia a uno, dos y tres años muestra mejor la restauración efectiva.
La jornada reunió a los gobiernos federal y estatal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y actores comunitarios. También se tomó protesta a defensores ambientales del estado. Esa participación puede ampliar capacidad local, siempre que se traduzca en responsabilidades definidas, recursos para el mantenimiento y acceso público a la ubicación y evolución de las áreas intervenidas.
El desafío de las 831 hectáreas será pasar de una movilización visible a una política verificable. Mapas de los sitios, especies y densidades utilizadas, fechas de plantación, disponibilidad hídrica y tasas periódicas de supervivencia permitirían evaluar qué técnicas funcionan en La Paz y Comondú. Publicar esos datos distinguiría una campaña de siembra de un proceso sostenido de restauración ecológica.
