La entrega voluntaria es la principal vía por la que los pequeños felinos silvestres ingresan al sistema de atención de las autoridades ambientales de Colombia, pero también deja sin respuesta cómo llegaron a manos humanas. Una investigación publicada en Biological Conservation analizó más de 600 registros oficiales y encontró que más del 60 por ciento correspondía a esta figura, por encima de decomisos e incautaciones.
Entre 2015 y noviembre de 2021 se documentaron 643 entregas voluntarias que involucraron 708 animales de 11 especies. El ocelote, Leopardus pardalis, representó el 56,7 por ciento de los individuos, casi cinco veces más que la oncilla, la segunda especie más frecuente. El dato describe los ingresos registrados, no la población silvestre total ni la magnitud completa del tráfico clandestino.
La figura permite que una persona deje un animal ante una autoridad para que reciba atención, rehabilitación y, cuando sea viable, vuelva a su hábitat. Esa puerta de salida puede salvar ejemplares mantenidos en malas condiciones. Sin embargo, una entrega no revela por sí sola si hubo rescate de buena fe, tenencia ilegal aislada o una compra vinculada a una cadena comercial.
El problema comienza en la norma. La definición aparece en un anexo de la Resolución 2064 y admite razones como arrepentimiento, enfermedad, agresividad o hallazgo del animal, mientras el resto del ordenamiento prohíbe mantener fauna silvestre sin autorización. El Ministerio de Ambiente sostiene que la figura no puede equipararse automáticamente al tráfico; cada caso requiere valorar sus circunstancias.
La trazabilidad disponible es insuficiente. No funciona un sistema nacional consolidado y muchas corporaciones regionales administran planillas propias, con campos vacíos, formatos distintos e identificaciones incompletas. Ocelote, margay y oncilla, todos del género Leopardus, pueden confundirse sin entrenamiento. El Portal de Información sobre Fauna Silvestre, previsto desde 2009, está en revisión y aún no tiene fecha pública de reactivación.
La Fiscalía tampoco puede determinar cuántas investigaciones penales nacieron de entregas voluntarias porque sus sistemas no registran esa variable. La recepción de un animal no genera automáticamente una noticia criminal, y hoy no es posible rastrear reincidencias de manera sistemática. Las autoridades regionales aplican criterios diferentes: algunas priorizan educación y otras evalúan sanciones caso por caso.
El estudio no concluye que todas las entregas encubran tráfico ni acusa a quienes entregan animales de integrar redes criminales. Su hallazgo es institucional: Colombia carece de datos homogéneos para separar rescate, posesión y comercio. Mejorar formularios, identificación de especies, interoperabilidad y seguimiento judicial permitiría investigar patrones sin desalentar la entrega inmediata de un animal que necesita protección. La prioridad debe ser conservar esa vía segura y, al mismo tiempo, recuperar la historia perdida de cada ejemplar.
