Una iniciativa presentada ante el Congreso de Jalisco busca mover la gestión de residuos desde la recolección y el confinamiento hacia la recuperación de materiales. La propuesta, impulsada por la diputada Mariana Casillas con organizaciones y comunidades, combina separación en origen, compostaje, trazabilidad digital, economía circular y reconocimiento a recicladores. Fue ingresada en septiembre de 2026 y todavía no constituye una obligación vigente.
El diagnóstico de Eukariota y Reverdece A.C. estima más de 65.000 toneladas diarias de residuos en el estado: unas 8.000 de residuos urbanos y 57.000 de manejo especial. En el área metropolitana de Guadalajara calcularon 5.100 y 23.000 toneladas, respectivamente. También sostienen que 95% termina en rellenos o cuerpos receptores y que solo tres de cada diez municipios cumplen la norma actual.
Las magnitudes provienen de las organizaciones promotoras y necesitan contraste con registros oficiales y metodologias comparables. Aun así, muestran el vacío que la reforma intenta cerrar. La primera línea reemplazaría la división binaria entre orgánicos e inorgánicos por tres categorías: orgánicos, recuperables y no recuperables, acompañadas por recolección diferenciada, contenedores, vehículos y metas graduales.
El segundo eje impulsa compostaje municipal, comunitario y domestico. La transición de infraestructura podría extenderse hasta seis años. Los promotores calculan que una planta municipal costaría entre tres y nueve millones de pesos mexicanos y generaría de 20 a 120 empleos verdes directos, según capacidad. Son supuestos de proyecto que deben verificarse con costos de suelo, operación, calidad y mercado para la composta.
La trazabilidad es el tercer cambio. Grandes generadores, transportistas, prestadores y destinos autorizados usarían una plataforma digital y manifiestos electrónicos para seguir los residuos desde su origen hasta el tratamiento final. La publicación periódica de datos agregados permitiría detectar desvío, medir recuperación y comparar municipios, siempre que haya controles de calidad, interoperabilidad y sanciones por información falsa o incompleta.
Otros ejes incorporan bioeconomía circular, compras sostenibles, ecodiseño, mercados secundarios y reciclaje inclusivo. El diagnóstico calcula 43.000 toneladas diarias de biorresiduos y otras 40.000 de lodos, con un potencial teórico de 2,9 millones de metros cúbicos diarios de biometano. La iniciativa no propone una industria comercial de ese gas: prioriza bioinsumos, materiales y autoconsumo, distinción necesaria para no inflar beneficios.
La ejecución recaería en 125 municipios con capacidades desiguales y requeriría asistencia estatal, financiamiento, infraestructura y participación de comunidades cercanas a vertederos. También se reformaría el Código Urbano para reservar espacios de separación y compostaje. El debate legislativo debe definir presupuesto, responsabilidades, metas auditables y justicia territorial; sin esos elementos, una arquitectura ambiciosa puede quedar reducida a obligaciones imposibles de cumplir.
