Siete días después del vuelco de un camión cisterna en la vía La Línea, Calarcá seguía bajo emergencia por el derrame de unos 10.000 galones de ACPM. El combustible alcanzó el sector de San Rafael, la quebrada El Salado y el río Santo Domingo, principal fuente del municipio. La contaminación también avanzó aguas abajo y generó preocupación hasta Cartago.
Empresas Públicas de Calarcá cerró la bocatoma de San Rafael desde el 31 de octubre para impedir que el combustible ingresara al sistema. El acueducto pasó a depender del Santo Domingo, que aportaba entre 117 y 120 litros por segundo frente a una demanda cercana a 140 o 150. La diferencia obligó a sectorizar redes y apoyar algunos barrios con carrotanques.
El alcalde Sebastián Ramos responsabilizó públicamente a Copetran por no contar, según su denuncia, con un plan de contingencia serio. También pidió a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, a los ministerios de Ambiente y Minas y a la Policía de Carreteras verificar permisos y exigir una respuesta. Esa imputación política no reemplaza la determinación administrativa, civil o penal de responsabilidad.
La CRQ desplegó recorridos, barreras oleofílicas, piscinas de contención y muestreos de agua, suelo y biodiversidad. Las autoridades pidieron evitar baños, recreación y contacto directo en El Salado, San Rafael y los ríos Santo Domingo y Verde. La recuperación podría extenderse entre veinte y treinta días, aunque dependerá de caudal, sedimentos y combustible retenido.
Más de 80.000 habitantes dependen del abastecimiento de Calarcá. El riesgo no se limita al olor o la mancha visible: el diésel contiene hidrocarburos que pueden afectar peces, invertebrados, riberas y captaciones. El alcalde reportó ausencia de peces en sectores afectados, un indicio que debe documentarse con conteos, análisis de tejidos y comparación con sitios no contaminados.
La contingencia requiere informar diariamente caudal disponible, calidad en cada toma, barrios con cortes, rutas de carrotanques y criterios para reabrir San Rafael. También debe conservarse la cadena de custodia de muestras y publicar concentraciones, no sólo declarar el agua segura. La aseguradora puede financiar medidas inmediatas sin resolver por sí sola quién responde por todo el daño.
El cierre necesitará retirar combustible libre, tratar sedimentos y orillas, restituir fauna cuando sea pertinente y monitorear durante meses. Un informe independiente debe calcular costos ambientales y del servicio, identificar fallas de transporte y revisar planes para cargas peligrosas en La Línea. La prioridad inmediata es agua segura; la siguiente, convertir la emergencia en reparación verificable y prevención de otro accidente.
