La Corporación Nacional Forestal de Chile y la Fiscalía Regional de La Araucanía revisaron los resultados de la última temporada de incendios y acordaron perfeccionar su intercambio de información. La región registró 935 incendios forestales; la Unidad de Análisis y Diagnóstico de CONAF investigó 708, equivalentes al 75,72% del total informado. La reunión no anunció una nueva sanción ni una causa específica, sino un refuerzo del circuito técnico y penal.
La cobertura investigativa alcanzó las 32 comunas de La Araucanía mediante equipos distribuidos en las provincias de Malleco y Cautín. Ese despliegue permite comparar realidades agrícolas, ganaderas y forestales, además de incendios en interfaces urbano-rurales, áreas silvestres protegidas y zonas de alta afluencia turística. La escala territorial es importante porque las causas y condiciones de propagación no son uniformes.
La Unidad de Análisis y Diagnóstico busca determinar causas, reconocer patrones de ocurrencia y ubicar sectores con mayor recurrencia. Sus informes pueden orientar campañas preventivas, controles y medidas de mitigación, al tiempo que aportan antecedentes técnicos al Ministerio Público. La utilidad de esa información depende de preservar evidencias, usar metodologías consistentes y comunicar con claridad los grados de certeza.
La fiscal coordinadora de incendios, Nelly Marabolí Valdés, señaló que la Unidad de Análisis y el Sistema de Análisis Criminal mantienen contacto permanente con especialistas de CONAF. El director regional de la corporación, Héctor Tillería Flores, sostuvo que esos antecedentes ayudan a determinar causalidad y eventuales responsabilidades. El acuerdo busca reducir pérdidas de información entre la inspección de terreno y la decisión judicial.
Investigar un incendio no significa demostrar un delito. La cifra de 708 casos describe el alcance del examen técnico, pero no informa cuántas causas fueron determinadas, cuántas conductas resultaron accidentales o negligentes, cuántas fueron intencionales ni cuántas llegaron a formalización o condena. Esa distinción es necesaria para no presentar toda ocurrencia como criminal y para evaluar la eficacia real de la coordinación.
CONAF indicó que el trabajo territorial permite identificar acciones humanas asociadas al origen de incendios en contextos diversos. Convertir ese conocimiento en prevención exige intervenir según cada patrón: manejo del fuego en actividades productivas, reducción de combustibles, protección de interfaces, vigilancia en áreas protegidas o educación en destinos turísticos. La persecución penal puede disuadir delitos, pero no reemplaza esa arquitectura preventiva.
El próximo paso verificable será observar si el intercambio produce investigaciones más rápidas, causas mejor establecidas y medidas preventivas dirigidas a los puntos de recurrencia. Para medirlo harán falta datos públicos que conecten incendios registrados, casos investigados, causalidad determinada, remisiones al Ministerio Público y resultados judiciales. La reunión fortalece una capacidad institucional relevante, aunque por sí sola todavía no demuestra una reducción futura de incendios.
