Las barcazas de extracción regresaron en junio al río Trapeang Rung, unos diez kilómetros aguas arriba de Koh Sralao, una aldea pesquera de la provincia camboyana de Koh Kong. La reanudación ocurre nueve años después de que el Gobierno prohibiera las exportaciones de arena en 2017 tras denuncias de daños ecológicos y pérdidas para comunidades. Autoridades provinciales dicen haber autorizado la nueva operación.
Las estadísticas comerciales de Camboya registran 694.000 toneladas de arena natural enviadas por mar a Singapur entre junio y septiembre de 2026, valoradas en US$3,47 millones. No está claro cuánto salió específicamente del Trapeang Rung. Mongabay identificó catorce viajes de buques hacia el puerto de Tuas, donde la arena probablemente alimenta un proyecto de relleno; Singapur no publicó datos equivalentes.
Para unas 300 familias de Koh Sralao, la pesca de cangrejos, peces y moluscos es un sustento central. Un pescador dijo que las barcazas bloquean el tramo donde trabajaba y amenazan sus redes. Otro vio caer sus ingresos diarios de US$25 a unos US$7,50 y había migrado a una fábrica. Esos testimonios prueban pérdida de acceso, no cuantifican por sí solos toda la merma biológica.
El río atraviesa cuatro áreas protegidas de los montes Cardamomo. El límite del sitio Ramsar Koh Kapik queda sólo tres kilómetros aguas abajo y la cuenca conecta con uno de los mayores manglares de la región. Un relevamiento de 2023 registró más de 700 especies; entre las amenazadas figuran delfines del Irrawaddy, gatos pescadores y la rara nutria de nariz peluda.
La extracción remueve lechos usados para alimentación y reproducción, eleva turbidez y puede favorecer intrusión salina. Residentes informaron manchas de aceite, agua más turbia y camarones muertos; son alertas que requieren muestreo independiente antes de atribuir mortalidad. Una revisión de más de sesenta estudios concluyó que los efectos varían entre ríos, pero incluyen pérdida de hábitat, peor calidad del agua y redes tróficas alteradas.
La consulta fue desigual. Vecinos de Koh Sralao dijeron no haber recibido información; en Koh Kong Khnong, junto al sitio, dos pescadores afirmaron que hubo consulta, aunque uno creyó que oponerse no cambiaría la decisión. La empresa prometió un fondo comunitario para infraestructura, pero hasta septiembre residentes sólo habían recibido alimentos. Ministerios camboyanos, autoridades singapurenses y directivos de Catalyst no respondieron a las preguntas del medio.
El caso revela una cadena de beneficios y costos separada por fronteras: Singapur gana tierra para infraestructura, mientras comunidades camboyanas soportan riesgo ecológico y económico. La respuesta exige publicar licencias, volúmenes, trazabilidad de barcos, evaluaciones y monitoreo de pesca, salinidad, turbidez y derrames. Cumplir la ley del país de origen es un mínimo; la debida diligencia debe poder detener extracción en ecosistemas de alto valor.
