Las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco perdieron 40.862 hectáreas de bosques nativos durante el primer semestre de 2026. La estimación surge de una comparación de imágenes satelitales realizada por Greenpeace y equivale aproximadamente a dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
La pérdida no se distribuyó de manera uniforme. Santiago del Estero concentró 20.727 hectáreas, algo más de la mitad del total; Salta registró 11.960; Formosa, 4.375; y Chaco, 3.800. El dato salteño sobresale además porque duplicó el desmonte observado durante el mismo período de 2025.
El monitoreo satelital permite observar cambios de cobertura en territorios extensos, pero la respuesta pública exige una segunda capa de información: determinar qué intervenciones contaban con autorización, cuáles afectaron zonas protegidas por el ordenamiento de bosques y quiénes deben responder por eventuales infracciones. Sin ese enlace entre detección, inspección y expediente, una alerta puede no convertirse en prevención efectiva.
La organización cuestionó la capacidad de las multas económicas para frenar los desmontes ilegales. Su coordinador de la campaña de Bosques, Hernán Giardini, sostuvo que algunos operadores incorporan las sanciones al costo productivo o las discuten judicialmente. El problema plantea la necesidad de controles oportunos, trazabilidad de permisos, restauración del daño y sanciones proporcionales, además de financiamiento estable para las autoridades ambientales.
La pérdida de bosque chaqueño reduce hábitat, fragmenta corredores de biodiversidad y debilita funciones que sostienen la producción y la vida comunitaria. La cobertura vegetal regula agua y temperatura, protege suelos y almacena carbono; su eliminación puede agravar erosión, sequías e inundaciones y aumentar la presión sobre comunidades indígenas y campesinas que dependen del territorio.
Argentina respaldó en Glasgow en 2021 el objetivo político de detener y revertir la pérdida de bosques hacia 2030. Las 40.862 hectáreas detectadas no miden por sí solas todo el desempeño nacional, pero muestran que el cumplimiento no puede descansar en compromisos generales: necesita metas provinciales verificables, presupuestos, datos públicos comparables y coordinación entre Nación y provincias.
El próximo paso decisivo será traducir el relevamiento en actuaciones sobre cada predio y en una política preventiva. Publicar alertas tempranas, cruzarlas con catastros y permisos, inspeccionar con rapidez y exigir restauración donde corresponda permitiría pasar del registro posterior del daño a una gestión territorial capaz de conservar bosques y ordenar la actividad productiva.
