La COP16 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, realizada en Riad, Arabia Saudita, colocó la degradación de tierras en el centro de la agenda ambiental y de desarrollo. Bajo el lema "Nuestra tierra. Nuestro futuro", la cumbre reunió a gobiernos, científicos, comunidades, organizaciones y sector privado para discutir cómo restaurar suelos, enfrentar sequías y financiar acciones en regiones vulnerables.
El debate llegó en un momento crítico. La degradación de tierras afecta seguridad alimentaria, disponibilidad de agua, biodiversidad, salud pública, economías rurales y estabilidad social. También intensifica migraciones, conflictos por recursos y vulnerabilidad climática. Por eso, la desertificación dejó de ser un problema periférico de zonas áridas para convertirse en una cuestión estratégica de desarrollo humano sostenible.
Uno de los resultados más visibles fue el anuncio de compromisos financieros superiores a 12.000 millones de dólares para restauración de tierras y resiliencia frente a sequías, con especial atención a países vulnerables. La cumbre también impulsó mayor participación de pueblos indígenas y comunidades locales, sostuvo la interfaz ciencia-política de la Convención y reforzó el lugar de las soluciones basadas en la naturaleza.
Sin embargo, la COP16 también mostró los límites de la gobernanza internacional. Los países no lograron cerrar un acuerdo global vinculante sobre sequía, una de las demandas centrales de las regiones más expuestas. La discusión continuará hacia la COP17, prevista en Mongolia en 2026, donde volverá a debatirse si el mundo necesita un marco voluntario o un protocolo jurídico más fuerte para anticipar y responder a sequías.
La restauración de tierras no puede reducirse a plantar árboles. Requiere manejo de cuencas, recuperación de suelos, agroforestería, protección de pastizales, control de erosión, ordenamiento territorial, monitoreo de humedad, gestión del agua y participación de productores y comunidades. Cuando estas acciones se integran, pueden mejorar productividad, biodiversidad y resiliencia climática al mismo tiempo.
Para América Latina, la agenda es directa. La región combina bosques tropicales, pastizales, humedales, zonas áridas, sistemas agrícolas intensivos y comunidades rurales que dependen de la salud del suelo. En la Argentina, la degradación de tierras atraviesa debates sobre bosques nativos, cuencas, ganadería, agricultura, incendios, sequías, infraestructura hídrica y arraigo territorial.
El aprendizaje central de Riad es que la política ambiental debe operar con datos, financiamiento y continuidad. No alcanza con compromisos generales: hacen falta inventarios de degradación, sistemas de alerta temprana, instrumentos económicos, asistencia técnica, restauración medible y capacidad estatal para acompañar a quienes producen y viven en los territorios afectados.
Desde la perspectiva de Fundación Argentina ASE, la COP16 confirma que suelo, agua, biodiversidad y producción forman una misma agenda. Proteger la tierra es proteger comunidades, alimentos, empleo y ecosistemas. La restauración debe ser tratada como infraestructura pública de desarrollo humano sostenible, con ciencia aplicada, cooperación internacional y presencia territorial permanente.
