Apenas el 7,23% de los residuos industriales que Argentina generaría en 2026 ingresará a un tratamiento adecuado dentro del sistema formal, según el primer informe bimestral del Observatorio de Residuos Peligrosos UBA–UNR. La proyección estima 12,7 millones de toneladas para el año y unas 917.700 gestionadas por operadores especializados. El 92,77% restante representa una brecha de trazabilidad y tratamiento, no un destino final individualmente comprobado para cada tonelada.
La tasa muestra una recuperación frente al 5,57% calculado para 2025, pero sigue en un nivel muy bajo para la escala industrial del país. El relevamiento también estima 393.130 empresas activas generadoras y sólo 33.183 que contratan servicios especializados, equivalentes al 8,44%. La diferencia entre porcentaje de empresas y porcentaje de volumen indica que incorporar generadores al sistema es tan importante como ampliar la capacidad física de transporte, valorización, tratamiento y disposición segura.
El Observatorio nació en 2021 mediante un convenio entre la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y las cámaras Catries y Caitpa. Su objetivo es cubrir un vacío persistente: Argentina no dispone de estadísticas públicas nacionales, homogéneas y consolidadas sobre cuánto residuo industrial se genera, qué peligrosidad tiene, por dónde circula y cuál es su destino final.
La metodología releva mensualmente a 37 empresas asociadas a ambas cámaras, que operan 47 plantas en el país. Los volúmenes informados mediante encuestas anónimas se procesan con un modelo estadístico para estimar la escala nacional. Esa base ofrece un indicador periódico valioso, pero exige una lectura prudente: es una extrapolación del circuito formal relevado y no un censo completo de todos los generadores, operadores o movimientos de residuos.
Tampoco puede concluirse que todo material fuera del circuito medido haya sido abandonado ilegalmente. Parte puede reutilizarse dentro de procesos productivos, almacenarse, declararse bajo otros regímenes o no quedar capturada por la muestra. Sin embargo, la ausencia de documentación suficiente impide verificar esas rutas y deja abierta una exposición real: vertidos en cursos de agua, cavas y basurales, quema, mezcla con residuos comunes y contaminación de suelo, aire y napas.
Claudia Kalinec, presidenta de Catries, señaló que la mejora inicial no cambia la magnitud del desafío y reclamó más control, trazabilidad e incorporación de generadores. Gustavo Solari, de Caitpa, destacó que las series permiten detectar tendencias y orientar inversiones y tecnologías. Desde la UNR, Matías De Bueno subrayó el riesgo sanitario y ecológico de los descartes inadecuados. Las prioridades convergen en registrar generadores, digitalizar manifiestos, fiscalizar transportes y destinos y fortalecer plantas habilitadas.
El próximo movimiento necesario es convertir la estimación en una política de datos verificables. Nación y provincias deberían publicar indicadores comparables por jurisdicción, sector, tipo de residuo y tratamiento, además de reglamentar e implementar efectivamente las normas vigentes. Los siguientes informes bimestrales mostrarán si el 7,23% fue una mejora sostenible o sólo una oscilación. Sin una trazabilidad de origen a destino, Argentina seguirá sin saber con precisión dónde termina la mayor parte de su pasivo industrial.
