La planificación pública moderna se construyó durante décadas sobre la idea de que series históricas de lluvias, caudales y temperaturas ofrecían una base razonable para el futuro. Un análisis del especialista en gestión ambiental José Luis Sampietro, publicado por la diaria, sostiene que esa premisa pierde confiabilidad cuando el calentamiento modifica las condiciones del sistema climático. La tesis es política: infraestructura y presupuestos deben prepararse para rangos que ya no caben en los promedios anteriores.
Esto no significa que la meteorología haya dejado de servir ni que todo evento sea impredecible. Significa que un clima no estacionario altera frecuencias, intensidades y combinaciones de peligros, y que la incertidumbre debe incorporarse explícitamente a las decisiones. Pronósticos, modelos y registros siguen siendo esenciales, pero necesitan escenarios probabilísticos, actualización continua y márgenes de seguridad capaces de responder cuando la realidad supera el diseño histórico.
Sampietro utiliza las inundaciones de Bahía Blanca de marzo de 2025 y las de Valencia de 2024 para mostrar la brecha entre riesgo emergente e infraestructura heredada. En el caso argentino, menciona cerca de 300 milímetros de lluvia en seis horas y daños humanos y económicos severos. Los ejemplos no prueban por sí solos una tendencia global, pero ilustran cómo una amenaza extrema puede desbordar drenajes, mapas de riesgo, alertas y capacidades de respuesta simultáneamente.
El artículo también recoge la advertencia de la Organización Meteorológica Mundial sobre temperaturas cercanas o superiores a récords recientes durante los próximos años. Esa perspectiva amplía el problema más allá de los desastres: afecta seguridad alimentaria, disponibilidad de agua, energía, seguros, finanzas públicas e inversión. Gobernar el clima cambiante implica tratar la incertidumbre como un costo de desarrollo, no sólo como una externalidad ambiental.
América Latina combina una elevada dependencia de recursos naturales con brechas de adaptación. El análisis señala que cerca de la mitad de su generación eléctrica depende del agua, mientras millones de personas viven de la agricultura y una extensa infraestructura cruza montañas, costas y cuencas expuestas. La vulnerabilidad no surge únicamente del peligro físico: también depende de vivienda, ordenamiento territorial, mantenimiento, información pública y capacidad fiscal.
El autor contrapone distintas respuestas internacionales: dar espacio a los ríos en Países Bajos, incorporar resiliencia en infraestructura pública japonesa y combinar sensores, inteligencia artificial y soluciones basadas en la naturaleza en Singapur. Ningún modelo puede copiarse sin adaptación local. La lección común es diseñar sistemas que mantengan funciones esenciales durante fallas, en lugar de prometer una protección absoluta frente a todos los extremos.
Para la región, ese cambio supone redes eléctricas redundantes, agricultura guiada por escenarios, drenajes y obras dimensionados para condiciones variables, alertas accesibles y ecosistemas restaurados que amortigüen inundaciones y sequías. La adaptación tampoco reemplaza la mitigación: si las emisiones siguen elevando el calentamiento, los rangos de diseño continuarán desplazándose. El desafío de gobernanza es reducir causas y exposición al mismo tiempo, con decisiones revisables a medida que cambia la evidencia.
