Colombia perdió 119.483 hectáreas de bosque en 2025, un 5% más que las 113.608 hectáreas registradas en 2024. El dato oficial del Ministerio de Ambiente y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestra una suba nacional moderada, pero también una dificultad estructural: después del mínimo histórico de 79.256 hectáreas alcanzado en 2023, el país todavía no logró consolidar aquella reducción.
La comparación de largo plazo ofrece un resultado menos lineal que la variación anual. La superficie perdida en 2025 quedó 31% por debajo de 2021 y superó la meta gubernamental de reducir la deforestación anual al menos 20% frente a esa línea de base. El balance, por lo tanto, combina el cumplimiento de un objetivo cuatrienal con un segundo año consecutivo por encima del piso de 2023, después del salto del 43% ocurrido en 2024.
La Amazonía siguió concentrando el núcleo del problema. Allí fueron desmontadas 77.805 hectáreas, más del 65% de la pérdida nacional y una cifra prácticamente igual a las 77.124 hectáreas de 2024. El sistema de monitoreo identificó diez núcleos activos, principalmente en el noroeste amazónico. Cartagena del Chairá, Mapiripán, San Vicente del Caguán y Calamar encabezaron la lista municipal dentro del llamado arco de deforestación.
Las autoridades señalan como causas principales el acaparamiento ilegal de tierras, la expansión de la ganadería extensiva y la apertura de caminos sin planificación. Esos procesos convierten el bosque en un activo territorial: primero se ocupa y desmonta, luego se incorpora ganado y se busca consolidar la posesión. El vacío de poder que siguió al acuerdo de paz de 2016 con las FARC facilitó la expansión de redes económicas y criminales en áreas remotas, mientras el cultivo de coca no aparece como el motor dominante del balance oficial.
Hubo, sin embargo, resultados positivos en zonas bajo protección. La deforestación dentro de los parques nacionales cayó casi 19%, hasta 9.388 hectáreas. El gobierno atribuyó la mejora a incentivos para que las comunidades conserven el bosque, programas de restauración y la primera concesión forestal comunitaria del país. También destacó una investigación en Mapiripán que terminó con 17 detenciones por una presunta red ligada al despojo de tierras, el desmonte y la ganadería extensiva.
El contraste entre la estabilidad amazónica y la baja en parques indica que las herramientas de conservación pueden funcionar, pero no alcanzan por sí solas para desarmar la rentabilidad de la ocupación ilegal. La ley de trazabilidad ganadera aprobada durante la presidencia de Gustavo Petro busca impedir que carne vinculada con deforestación ingrese a las cadenas comerciales. Su eficacia dependerá de identificar animales y predios, compartir datos, controlar movimientos y aplicar consecuencias cuando el origen no pueda demostrarse.
Las cifras se convierten ahora en una línea de base para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que anunció una revisión de políticas ambientales y una expansión del petróleo y la minería. El próximo paso verificable será sostener el monitoreo público, concentrar control judicial y territorial en los diez núcleos activos y demostrar que los incentivos comunitarios y la trazabilidad reducen la pérdida real. Mantenerse por debajo de 2021 es relevante; recuperar y sostener el mínimo de 2023 sigue siendo el desafío pendiente.
