México y Estados Unidos articulan más de 9.450 millones de pesos para recuperar la infraestructura que impide que aguas residuales de Tijuana alcancen el río, crucen la frontera y lleguen al Pacífico. La cifra fue informada por Mónica Vega, directora de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Reúne aportes de ambos gobiernos, el NADBank, Baja California a través de la CESPT y un bono verde; no debe leerse como un desembolso único ni como una solución ya terminada.
El rezago se acumuló mientras Tijuana y la zona costera crecían más rápido que sus redes de recolección, bombeo y tratamiento. Fallas en cualquiera de esos eslabones descargan aguas sin tratar y trasladan los impactos hacia comunidades, playas y ecosistemas a ambos lados de la frontera. Por eso el saneamiento requiere infraestructura redundante, energía confiable, mantenimiento y coordinación operativa, además de nuevas plantas.
El Acta 328 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas ordenó acciones binacionales y comprende 16 obras del lado mexicano. Entre ellas figuran la rehabilitación y ampliación de la planta de bombeo PB1, los colectores Oriente e Internacional, una línea paralela de gravedad, el antiguo emisor a presión, Los Laureles y la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos. El desempeño conjunto importa más que la inauguración aislada de cada componente.
San Antonio de los Buenos estaba prácticamente fuera de operación al comienzo de la actual administración estatal y, tras su reconstrucción, trata 800 litros por segundo. También avanzan los colectores Insurgentes y Carranza, los interceptores Poniente y Oriente, el sistema de alejamiento de aguas tratadas, las compuertas del Río Tijuana y el entubado del canal de PB1. La meta mexicana es completar las obras comprometidas en 2027.
Estados Unidos asumió ampliar la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales y duplicar su capacidad de 1.100 a 2.200 litros por segundo. El equilibrio es crítico: si el crecimiento del caudal supera la capacidad de bombeo, conducción o tratamiento de uno de los lados, el excedente reaparece en otro punto. Las pruebas de carga, calidad del efluente y funcionamiento durante tormentas serán más reveladoras que la capacidad nominal.
Una segunda etapa contempla la conducción Cañón del Sainz-Arturo Herrera, la planta de bombeo Los Laureles-El Matadero y respaldo energético para PB1. Tras el Acta 328, el memorando asociado al Acta 333 busca asegurar continuidad y sostenibilidad, evaluar una futura ampliación de San Antonio de los Buenos y preparar un plan para toda la zona costa. Su valor dependerá de convertir compromisos de capital en operación y mantenimiento financiados a largo plazo.
Los indicadores decisivos serán caudal recolectado y tratado, horas de indisponibilidad, desbordes transfronterizos, calidad microbiológica y química, cierres de playas, olores y exposición comunitaria. Publicarlos en tiempo real y auditar responsabilidades permitiría verificar si las obras reducen la contaminación y no sólo desplazan descargas. El programa ofrece escala inédita, pero la recuperación del Río Tijuana se demostrará con años de funcionamiento continuo.
