El grupo español Cox fue seleccionado para ejecutar la primera etapa de la planta desaladora de Playas de Rosarito, en Baja California, una infraestructura que el Gobierno mexicano presenta como la mayor de América Latina destinada al consumo humano. La adjudicación anunciada contempla una inversión de 304 millones de dólares, unos 262 millones de euros, y un plazo de obras de tres años. La compañía asumirá ingeniería, suministro de equipos especializados y construcción; la entrada efectiva de agua al sistema dependerá además de conducción, almacenamiento, pruebas y conexión con las redes locales.
La primera fase tendrá una capacidad nominal de 2.200 litros por segundo, equivalente a unos 190 millones de litros diarios. El volumen se destinará a Playas de Rosarito y al suroeste de Tijuana, con una población beneficiaria estimada en alrededor de un millón de personas. El proyecto oficial incluye una planta potabilizadora por desalinización, una línea de conducción y un tanque de almacenamiento. En su configuración final anunciada podría duplicarse hasta 4.400 litros por segundo y aproximarse a dos millones de usuarios.
La planta empleará ósmosis inversa: el agua de mar atraviesa membranas bajo presión para separar sales e impurezas. Su valor estratégico reside en crear una fuente complementaria al río Colorado, del que depende buena parte del suministro de Baja California y cuya disponibilidad enfrenta presión climática y competencia entre usuarios. Desalinizar no produce lluvia ni recupera acuíferos, pero puede ofrecer un caudal más previsible para consumo urbano si la infraestructura opera, recibe mantenimiento y distribuye el agua con equidad.
Las cifras públicas necesitan una lectura cuidadosa. Cinco Días atribuye 304 millones de dólares a la construcción adjudicada a Cox, mientras el registro federal Proyectos México estimaba en agosto una inversión total de 12.861,4 millones de pesos para el primer módulo y sus componentes. Comunicaciones oficiales anteriores también separaron recursos federales para la planta y fondos estatales para distribución. No necesariamente son montos equivalentes: contratos, redes, impuestos y etapas pueden tener alcances distintos. Publicar el presupuesto consolidado y sus hitos evitaría comparaciones engañosas.
La seguridad hídrica debe evaluarse junto con la huella ambiental. La ósmosis inversa consume electricidad y genera una corriente de salmuera más concentrada que el agua de origen. La localización y el diseño de la toma marina pueden afectar organismos, y una descarga mal diluida puede alterar condiciones del fondo. La evaluación ambiental debería informar energía por metro cúbico, origen eléctrico, mortalidad en captación, composición de la salmuera, sistema de difusión y resultados de monitoreo marino antes y durante la operación.
También importa qué ocurre después de la planta. Reducir fugas, reutilizar agua tratada, proteger acuíferos y gestionar la demanda suele ser más barato y debe avanzar en paralelo. Las tarifas y subsidios deberán asegurar el derecho humano al agua sin ocultar costos de operación a largo plazo. Contratos públicos, indicadores de calidad, cortes, consumo energético y disponibilidad real deberían publicarse de forma periódica. Un gran caudal nominal no garantiza por sí solo continuidad en barrios con redes deficientes ni acceso para hogares vulnerables.
El proyecto puede transformar la resiliencia de la costa de Baja California si cumple plazos y combina capacidad con controles verificables. Los hitos clave serán el avance físico, la conexión de las obras estatales, el costo final por metro cúbico, el desempeño energético, el cumplimiento ambiental y la proporción de población que recibe servicio continuo. Diversificar el agua respecto del Colorado es una ventaja concreta; convertirla en seguridad hídrica duradera exige gobernanza transparente, eficiencia de red y protección del ecosistema marino.
