El proyecto hidroeléctrico Corpus Christi volvió a la agenda política y energética de Misiones tres décadas después de que la población rechazara la construcción de nuevas represas sobre el río Paraná. La iniciativa sería binacional entre Argentina y Paraguay y, en su variante Pindo-í, propone una central de pasada de unos 2.800 megavatios.
El antecedente democrático condiciona cualquier avance. En el plebiscito vinculante del 14 de abril de 1996 participaron 299.420 personas y el 88,63% de los votos válidos se pronunció por el no; luego, la Legislatura provincial sancionó una norma que prohíbe nuevas represas sobre el Paraná en territorio misionero. Incluso quienes promueven la obra admiten que una decisión política requeriría una nueva consulta.
La Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná sostiene que el emplazamiento de Pindo-í, aguas arriba de la localidad de Corpus Christi, reduce la superficie inundada frente a alternativas anteriores. Sus voceros ubican la inversión entre 4.200 y 5.000 millones de dólares y presentan como beneficios una generación equivalente a varias veces la demanda provincial, mayor estabilidad eléctrica y regalías potenciales cercanas a 50 millones de dólares anuales para Misiones.
Esas cifras son proyecciones de los impulsores, no resultados de una obra aprobada. El proyecto continúa en prefactibilidad, no cuenta con financiamiento cerrado y dependería de capital privado bajo una concesión binacional. Tampoco existe todavía una decisión formal de Argentina y Paraguay que habilite la construcción.
La principal brecha está en la información ambiental actual. Ante un pedido de acceso a la información, el Ministerio de Ecología de Misiones confirmó que no se presentó una evaluación de impacto ambiental del proyecto Corpus-Pindo-í, ni hubo dictamen técnico, audiencia pública o declaración de impacto. Los estudios históricos hidrológicos, biológicos y sociales pueden aportar antecedentes, pero no sustituyen la evaluación legal de un diseño actualizado.
Especialistas y organizaciones señalan riesgos sobre humedales, biodiversidad, erosión, calidad del agua y dinámica del Paraná, además de efectos sociales y territoriales que deben medirse antes de una consulta. La discusión no enfrenta de manera automática energía y ambiente: exige comparar beneficios, alternativas y costos acumulativos con datos públicos, independientes y binacionales, especialmente en la Selva Paranaense y en un río ya transformado por otras grandes presas.
Los próximos pasos reales no son el inicio de obras, sino la definición política de si se formula una propuesta nueva, la producción de una evaluación ambiental y social completa, su revisión por ambos países y una participación ciudadana informada. Sin ese recorrido, no puede verificarse la promesa de “impacto mínimo” ni construirse una decisión legítima sobre una infraestructura de esta escala.
