La Justicia de São Paulo ordenó interrumpir de inmediato el vertido de aguas residuales sin tratamiento en cursos de agua del municipio de Tietê. La medida liminar, dictada el 10 de agosto, obliga a la prefeitura y al Servicio Autónomo Municipal de Agua y Alcantarillado, Samae, a impedir descargas provenientes de plantas, estaciones elevadoras y demás componentes de la red.
La orden responde a una acción civil pública de la Fiscalía Regional de Medio Ambiente de Tietê/Sorocaba. El expediente reúne inspecciones, actas de infracción, informes técnicos y un peritaje del centro de apoyo del Ministerio Público. Cetesb y la reguladora Ares-PCJ habían señalado irregularidades recurrentes en el sistema municipal.
Las inspecciones registraron vertidos sin tratamiento, efluentes fuera de los parámetros legales, desbordes y deficiencias estructurales en plantas y estaciones de bombeo. El contraste es central: Tietê presenta un índice elevado de recolección, pero la Fiscalía describió la eficiencia real del tratamiento como prácticamente inexistente por los problemas operativos de las unidades.
Los promotores sostienen que no se trata de un accidente aislado ni de contaminación atribuible a un único actor privado. La causa apunta a fallas persistentes de infraestructura pública. Esa caracterización amplía la obligación: no alcanza con tapar un punto de descarga, sino que deben recuperarse capacidad, mantenimiento y cumplimiento en toda la cadena sanitaria.
La liminar exige medidas emergenciales de operación y mantenimiento, con atención especial a las estaciones de tratamiento Central, Bertola, Terra Nova y Bonanza. También incluye las estaciones elevadoras con antecedentes de desbordes. El primer indicador será si cesan efectivamente los vertidos mientras avanzan las reparaciones, sin trasladar el problema a otro tramo de la cuenca.
El municipio y Samae tienen 60 días desde la decisión para presentar un plan de regularización y recapacitación integral. El documento deberá identificar obras, mantenimiento, plazos y medidas de adecuación a las normas técnicas y ambientales. Por ser una decisión provisional, el proceso judicial continúa; al cierre de la nota, la prefeitura dijo que respondería cuando actualizara la información.
La Justicia ordenó además monitoreo laboratorial permanente de efluentes y de los cursos receptores. Los resultados deberán enviarse mensualmente al tribunal y publicarse en los sitios del municipio y Samae hasta al menos el 3 de agosto de 2027. Esa transparencia permitirá evaluar no sólo promesas y obras, sino calidad del agua, continuidad operativa y cumplimiento verificable.
