El gobierno de Surinam endureció su respuesta frente a asentamientos agrícolas y desmontes sin autorización en el interior amazónico. La presidenta Jennifer Geerlings-Simons informó que personas vinculadas a comunidades menonitas recibieron notificaciones de un alguacil para abandonar las áreas ocupadas. La orden es un acto formal de inicio: su cumplimiento y cualquier desalojo forzoso todavía requieren actuaciones posteriores.
La administración creó un equipo de trabajo con apoyo de tres ministerios para coordinar tierra, inmigración, seguridad y protección forestal. La multiplicidad de competencias refleja la complejidad del caso: se investigan tanto la legalidad de la ocupación y de la tala como la situación migratoria de adultos extranjeros y sus familias. La presidencia señaló incluso casos de niños con nacionalidad surinamesa cuyos padres tendrían una residencia irregular.
El criterio anunciado es que la agricultura no avance sobre el bosque tropical del interior. Geerlings-Simons sostuvo que los proyectos agrícolas de extranjeros deben ubicarse en la llanura costera, donde no impliquen eliminar selva primaria. Su gobierno también comenzó a revertir decisiones de la administración anterior que habían trasladado extensas superficies forestales al Ministerio de Agricultura para potenciales desarrollos de gran escala.
El conflicto tiene antecedentes. En 2024, Surinam canceló un plan piloto que podía asignar alrededor de 30.000 hectáreas a 50 familias menonitas, tras cuestionamientos ambientales y de procedimiento. En 2026 volvieron las alertas por visitas de productores menonitas desde Belice y por familias contratadas por empresas locales para cultivar maíz y soja. La medida actual se dirige a ocupaciones y desmontes considerados ilegales, no a una prohibición general basada en la religión o el origen.
La escala ambiental explica la reacción. Cerca del 93% del territorio de Surinam mantiene cobertura forestal y el país reivindica una condición de altas existencias de bosque y baja deforestación. La expansión de agricultura mecanizada en selva primaria podría fragmentar hábitats, aumentar incendios y agroquímicos, y debilitar ingresos asociados a créditos de carbono. Esos riesgos se suman a la presión ya causada por minería aurífera y tala ilegal.
La gobernanza territorial también afecta a pueblos indígenas y comunidades maroon, cuyos derechos colectivos sobre territorios tradicionales siguen sin reconocimiento interno pleno pese a fallos internacionales. Cualquier reasignación o recuperación de tierras debe distinguir propiedad, concesiones y ocupación, y garantizar información, consulta y debido proceso. Frenar desmontes ilegales es compatible con esos derechos sólo si la ejecución estatal no crea nuevas arbitrariedades.
Los próximos hitos serán verificar quiénes cumplen las notificaciones, qué superficies resultaron desmontadas, qué permisos faltaban y qué sanciones o restauración se exigirán. También deberá aclararse el destino de contratos y transferencias heredados. Por ahora existe una decisión política y un procedimiento en marcha; todavía no hay un balance público de desalojos completados, bosque recuperado ni responsabilidades definitivamente establecidas.
