La mayor representación indígena alcanzada hasta ahora en la Cámara de Diputados de Brasil intenta convertir una presencia todavía pequeña en capacidad de incidencia climática. De las 178 candidaturas indígenas que compitieron en 2022, cinco obtuvieron una banca. Célia Xakriabá y Juliana Cardoso encabezan el grupo parlamentario cocar, que defiende la demarcación territorial, los derechos colectivos y políticas ambientales dentro de una cámara de 513 integrantes.
La asimetría política es central. El bloque ruralista vinculado al agronegocio reúne alrededor del 60% de los diputados y promueve decenas de proyectos señalados por Observatório do Clima por su alto potencial de daño socioambiental. Desde enero de 2023, Xakriabá presentó 83 proyectos de ley, pero solo tres fueron promulgados: sobre violencia contra mujeres indígenas, discriminación hacia embarazadas y educación rural.
Frente a esa relación de fuerzas, las diputadas indígenas ensayan alianzas más allá de su propio grupo. Xakriabá participa también en comisiones de cultura, derechos humanos y educación, y su equipo busca textos capaces de conseguir apoyos sin retroceder en derechos. Joenia Wapichana, primera mujer indígena elegida diputada federal en 2018, describe el diálogo sobre múltiples temas como una vía para ganar acceso, respeto e influencia.
El debate parlamentario tiene consecuencias climáticas medibles. La NDC brasileña propone reducir emisiones entre 59% y 67% para 2035 frente a 2005, mientras agricultura y cambio de uso del suelo generaron más del 70% de las emisiones nacionales en 2024. En julio, el Senado aprobó una iniciativa que debilita la protección de 486.000 hectáreas —cerca del 37%— del Bosque Nacional Jamanxim; organizaciones ambientales advierten que medidas de ese tipo dificultan cumplir la meta.
La defensa territorial indígena no es solo una demanda social. Un análisis del World Resources Institute estimó que los bosques gestionados por pueblos indígenas en la Amazonía retiraron de la atmósfera 340 millones de toneladas de CO₂ por año entre 2001 y 2021. La cifra expresa el valor climático de mantener los bosques en pie, pero no convierte a las comunidades en sustituto de la reducción de emisiones fósiles ni elimina su derecho a decidir sobre sus territorios.
La transición energética abre otra disputa. Solicitudes de exploración de minerales críticos se superponen o son adyacentes a 278 territorios indígenas, equivalentes al 44% de esas áreas en Brasil, según el Observatorio de la Transición Energética. La Cámara aprobó en mayo una política nacional de minerales críticos sin participación de activistas indígenas; el Senado la debate, mientras Xakriabá preside una comisión sobre los posibles impactos.
Las elecciones generales de octubre serán la siguiente prueba. Hasta ahora ningún diputado federal indígena logró la reelección, aunque una decisión del Tribunal Superior Electoral amplió para 2026 los fondos y tiempos de propaganda destinados a candidaturas indígenas tras una petición de Xakriabá en 2024. El resultado no dependerá solo del número de bancas, sino de la capacidad de sostener alianzas que frenen retrocesos y conviertan la representación en política climática duradera.
