Chile acelera el uso de agua de mar para sostener la minería del cobre en sus regiones áridas. La Comisión Chilena del Cobre proyecta que la demanda total del sector pasará de 18,5 metros cúbicos por segundo en 2024 a 20,6 en 2034. El cambio decisivo estará en el origen: la participación marina subiría del 40,7 al 67,6 por ciento, reduciendo presión sobre fuentes continentales pero trasladando exigencias hacia la costa.
La Ley 21.813, promulgada en mayo después de siete años de discusión, creó por primera vez un régimen específico de concesiones de desalinización, nuevas funciones para la Dirección General de Aguas y una Estrategia Nacional. Las plantas industriales y las extracciones intensivas deberán someterse a evaluación ambiental. Sin embargo, la norma dispone hasta 18 meses para dictar reglamentos y entrar plenamente en vigor, por lo que buena parte de su aplicación todavía está en construcción.
La industria ya tiene escala. La Asociación Chilena de Desalación y Reúso de Aguas informó 24 plantas con una producción conjunta superior a 11.000 litros por segundo y proyectos que podrían elevar esa capacidad cerca de 30 por ciento durante 2026. A la vez, entre enero y junio el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó 23 proyectos mineros por 3.275 millones de dólares y recibió otros 34 con inversiones declaradas superiores a 18.000 millones.
El marco legal ordena procedimientos, pero no resuelve varios riesgos marinos. No fija un límite específico de salinidad para las descargas de salmuera ni obliga a dictar una norma de emisión. También deja pendientes protocolos de monitoreo, criterios para definir una planta industrial o una captación intensiva y reglas precisas sobre antiincrustantes y otros químicos usados en la ósmosis inversa.
El impacto potencial comienza antes de la descarga. Las tomas pueden absorber fitoplancton, zooplancton, huevos y larvas junto con el agua. Cerca de emisarios estudiados en Caldera se observaron disminuciones de algunos organismos adheridos al fondo, desplazamiento de especies móviles y mayor presencia de especies tolerantes. La intensidad depende del volumen, los difusores, el oleaje, las corrientes y si la instalación opera en costa abierta o en una bahía protegida.
La acumulación de proyectos agrega otra dificultad. Puertos, pesca, acuicultura, aguas residuales e industrias comparten muchas bahías, y evaluar cada planta por separado puede ocultar interacciones. El SEA aplica desde 2025 un criterio sobre impactos acumulativos y su guía de 2026 exige considerar captaciones y descargas próximas, pero las científicas reclaman líneas de base y estudios de capacidad de carga para el ecosistema costero completo.
También falta integrar agua y energía. Cochilco calcula que el uso de agua marina en la minería demandará 5,4 teravatios-hora en 2034, equivalente al consumo anual de unos dos millones de hogares, y casi 80 por ciento se destinaría a bombearla desde la costa hacia faenas distantes o elevadas. La desalinización puede reforzar la seguridad hídrica; su legitimidad dependerá de reglamentos, localización, monitoreo, eficiencia y límites capaces de impedir que una solución terrestre agrave la presión sobre el océano.
