Un relevamiento del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires incorporó nueva información técnica al conflicto por el puerto multipropósito proyectado en Costa Pobre, partido de Ramallo. Según el abogado ambientalista Fabián Maggi, el informe confirma que el sector posee características ya registradas por el ordenamiento territorial provincial como bosque nativo de categoría roja.
La evaluación reconoce valor patrimonial, identifica especies de flora y fauna y abarca ambientes de barranca, albardón y costa del río. También contempla un plan de mejora ambiental para el área. Esos elementos describen la sensibilidad del sitio y ofrecen una base técnica para discutir qué intervenciones serían compatibles con su protección, pero el relevamiento no equivale por sí solo a una sentencia judicial.
Maggi sostiene que el documento tendrá incidencia directa en dos vías abiertas: la causa civil que busca impedir definitivamente la instalación del puerto y el expediente penal por un presunto incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido al intendente Mauro Poletti. Esa imputación sigue siendo una acusación sometida a investigación; el informe puede incorporarse como evidencia, pero no establece culpabilidad.
El abogado cuestionó que el proyecto comenzara a anunciarse antes de ser presentado, según su versión, ante las autoridades provinciales. Afirmó que la ciudadanía no conoció un proyecto portuario concreto y recordó que la normativa exige una audiencia pública. También señaló que, cuando se dictó la cautelar, no se había acompañado documentación del emprendimiento ante la autoridad ambiental.
La medida preventiva evitó que las obras avanzaran sobre el sector identificado como bosque nativo. Su función fue conservar las condiciones existentes mientras se analiza el fondo del conflicto. El paso siguiente que impulsa la parte demandante es convertir esa cautelar en una decisión definitiva, una instancia que deberá valorar el informe, la normativa aplicable y las presentaciones de todas las partes.
El caso enfrenta dos planos que no deberían confundirse: la caracterización ambiental del territorio y la viabilidad legal del puerto. Reconocer bosque, especies y unidades del paisaje eleva las exigencias de información, evaluación y participación. Sin embargo, la definición sobre prohibir, modificar o autorizar el proyecto corresponde al procedimiento administrativo y judicial, no a la interpretación aislada de uno de los litigantes.
Maggi estimó que el proceso podría demorar alrededor de seis meses, un plazo que representa su previsión y no un calendario confirmado por la Justicia. Hasta entonces, los movimientos decisivos serán la incorporación formal del relevamiento a los expedientes, el acceso público al proyecto concreto, la eventual audiencia y la resolución sobre el fondo. La calidad y publicidad de esa información serán centrales para que la prevención ambiental y el debido proceso avancen juntos.
