Mendoza volvió a discutir un proyecto que busca prohibir el glifosato en todo el territorio provincial, no sólo establecer distancias de aplicación alrededor de viviendas. La iniciativa, impulsada originalmente por Gustavo Villegas y acompañada por los legisladores Pablo Narváez, Gabriel Miró y Gladys Sánchez, permanece en la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados: todavía no es ley ni existe una fecha confirmada para su votación.
El texto apunta al herbicida usado para controlar malezas en cultivos, parques, veredas y cauces de riego. Villegas sostiene que el reemplazo puede apoyarse en labores mecánicas y en formulaciones con menor persistencia; productores advierten, en cambio, que el producto es accesible, eficaz y parte de sistemas de manejo consolidados. Una transición real deberá precisar plazos, usos alcanzados, alternativas autorizadas y apoyo técnico para explotaciones de distinta escala.
La discusión sanitaria exige cuidado con las categorías. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno, una identificación de peligro que no equivale por sí sola a calcular el riesgo de cada exposición. Otras agencias regulatorias han llegado a conclusiones diferentes cuando evalúan dosis y condiciones de uso; por eso la Legislatura pidió información a INTA y SENASA y debe transparentar la evidencia considerada.
El argumento ambiental incluye la deriva y la escorrentía hacia suelos y cursos de agua, la reducción de vegetación que alimenta y refugia fauna, y la aparición de malezas resistentes por uso reiterado. La magnitud de esos efectos depende de formulación, dosis, frecuencia, clima, cobertura del suelo y prácticas de aplicación. Una norma sólida necesitaría monitoreo de agua, suelo, alimentos y exposición ocupacional antes y después del cambio.
El proyecto también obliga a mirar los cauces de riego, donde el control químico reduce trabajo inmediato pero puede trasladar residuos aguas abajo. Sustituirlo sin un plan podría elevar costos, favorecer obstrucciones o impulsar otros herbicidas igualmente problemáticos. La evaluación debe comparar impactos completos: toxicidad, consumo de combustible, remoción del suelo, eficacia, salud laboral y capacidad de los municipios y consorcios para mantener la infraestructura.
Las experiencias de otras provincias pueden aportar lecciones, pero no reemplazan el diseño local. Misiones y Chubut cuentan con restricciones o procesos de sustitución, mientras Mendoza posee cultivos, disponibilidad hídrica y organización productiva propias. Un eventual régimen debería definir autoridad de aplicación, inspecciones, sanciones, capacitación, protección de trabajadores y mecanismos para evitar que productos alternativos lleguen al mercado sin evaluación suficiente.
La decisión no se reduce a elegir entre producción y ambiente. El desafío es disminuir exposiciones evitables sin trasladar riesgos ni dejar a productores pequeños sin herramientas. Para avanzar, la Comisión deberá publicar dictámenes técnicos, abrir participación de comunidades rurales y trabajadores, estimar costos y establecer indicadores verificables. Hasta entonces, la noticia es la reactivación de un debate legislativo, no la entrada en vigor de una prohibición provincial.
