En febrero de 2026, la Aduana del puerto de Tanjung Priok abrió un contenedor cuyo manifiesto declaraba pepinos de mar y fideos instantáneos. Dentro encontró 3.053 kilogramos de escamas secas de pangolín con destino a Camboya, uno de los mayores decomisos recientes de Indonesia. Asesores científicos calculan que el cargamento podría representar más de 8.500 animales, principalmente pangolines de Sunda, especie en peligro crítico.
La organización SCENTS Foundation presentó el 2 de septiembre una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de Yakarta Oriental contra siete demandados: cuatro personas que también enfrentan cargos penales y tres empresas presuntamente vinculadas con almacenamiento, despacho aduanero o transporte. La descripción de esos vínculos forma parte de alegaciones que deberán probarse; que un servicio empresarial aparezca en una operación ilegal no establece automáticamente responsabilidad.
La acción busca algo que una condena penal convencional rara vez produce: reparación para la naturaleza. SCENTS solicita alrededor de 136.500 dólares para restaurar 15 hectáreas de bosque, monitorear pangolines en el Parque Nacional Gunung Halimun Salak y ejecutar una campaña pública sobre tráfico de fauna. El plan intenta traducir la pérdida de animales, diversidad genética y funciones de suelo y reciclaje de nutrientes en medidas verificables.
El reclamo se apoya en el artículo 1365 del Código Civil indonesio sobre actos ilícitos y en la Ley 32 de 2009 de Protección y Gestión Ambiental. La vía civil es independiente de los procesos penales y aplica cargas de prueba distintas; una absolución penal no impide necesariamente una responsabilidad civil. Esa diferencia permite discutir daño y remedios, pero también exige demostrar un nexo causal sólido entre la conducta de cada demandado y la reparación solicitada.
El caso todavía no tiene sentencia. El tribunal celebró audiencias administrativas, logró convocar a los demandados salvo una persona buscada por la policía y fijó la primera mediación para el 5 de noviembre. Si no hay acuerdo, comenzará el juicio. SCENTS consiguió que el panel incluya un juez con certificación ambiental, una señal procesal relevante pero que no anticipa el resultado ni confirma los hechos alegados.
Los precedentes aconsejan cautela. Un tercio de más de 320 casos ambientales promovidos por personas y ONG en Indonesia fue rechazado por cuestiones procesales, y sólo una de 26 acciones colectivas prosperó entre 2010 y 2022. Incluso cuando una empresa aceitera fue condenada a financiar la restauración de turberas, tardó más de una década en pagar la primera cuota. Por eso importan tanto la prueba científica como plazos, responsables y mecanismos de ejecución.
Si el tribunal acepta este enfoque, el caso podría ampliar la responsabilidad desde quienes manipulan físicamente fauna hacia redes comerciales y corporativas que facilitan el tráfico, siempre con evidencia de decisiones, registros y flujos financieros. Aun sin un fallo favorable, la demanda prueba una herramienta poco usada: combinar sanción penal con reparación civil. Su legitimidad dependerá de respetar el debido proceso y convertir cualquier pago en conservación medible, no en una cifra simbólica.
