Representantes de Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, Colombia y Argentina llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias sobre impactos de empresas mineras canadienses. La audiencia del 27 de octubre, celebrada en Panamá, examino obligaciones de Canadá respecto de actividades corporativas en el exterior. El paso abre escrutinio regional, pero no fue una sentencia ni probó por sí mismo cada acusación presentada.
Los testimonios describieron contaminación de agua, deforestación, pérdida de medios de vida y riesgos para ecosistemas que abastecen a millones de personas. Cuatro participantes relataron agresiones o amenazas contra defensores ambientales. Las organizaciones pidieron distinguir entre alegaciones, evidencia administrativa y responsabilidad judicial: las empresas mencionadas deben tener derecho a responder, mientras los Estados deben investigar sin trasladar la carga a las comunidades.
Marco Manobanda, productor piscicola indígena de Las Naves, Ecuador, atribuyó al proyecto de cobre y oro El Domo daños forestales y contaminación que afectarían su sustento. El proyecto pertenece a Silvercorp Metals y Salazar Resources, con sede en Vancouver; ambas fueron consultadas por Mongabay y no respondieron antes de la publicación. Manobanda también denunció militarización, hostigamiento y procesos penales contra opositores.
Desde Colombia, Mayerly Lopez advirtió sobre amenazas contra quienes defienden el páramo de Santurbán frente al proyecto Soto Norte de Aris Mining. El ecosistema de altura es fuente de agua para unos dos millones de personas. Lopez dijo que defensores fueron estigmatizados y vinculados en panfletos con grupos armados. Aris Mining tampoco respondió antes del cierre de la nota citada.
El debate se intensificó tras la eliminación, cuatro meses antes, de la oficina canadiense CORE, creada para revisar quejas sobre empresas de indumentaria, minería, petróleo y gas en el exterior. Ottawa traslado funciones al Punto Nacional de Contacto de la OCDE. Críticos señalan que ese mecanismo no puede obligar a entregar documentos ni dictar hechos y que solo tres de 33 casos desde 2000 terminaron en acuerdos formales.
La arquitectura jurídica limita el resultado. La CIDH es un órgano independiente de la OEA y puede investigar, celebrar audiencias y emitir recomendaciones. Canadá no ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que la Comisión no puede remitir este asunto contra Canadá a la Corte Interamericana para obtener reparaciones obligatorias. Llamar al proceso juicio o fallo exageraría su alcance actual.
Los testigos solicitaron debida diligencia ambiental y de derechos humanos obligatoria, mecanismos independientes, acceso a reparación y condicionar financiamiento, seguros y apoyo exportador a salvaguardas verificables. El próximo paso será observar si la Comisión formula recomendaciones y si Canadá responde con reglas exigibles. Mientras tanto, proteger a defensores, publicar datos de agua y garantizar investigaciones imparciales es más urgente que la disputa terminologica.
