Quince años después de los desalojos en el valle del río Polochic, el caso de 14 comunidades mayas Q'eqchi' de Alta Verapaz fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana informó el 28 de octubre que había enviado la denuncia, presentada formalmente el 17 de septiembre, para que el tribunal determine si Guatemala incurrió en responsabilidad internacional.
La decisión de la CIDH no es una condena. La Comisión actúa como órgano peticionario y formula hechos, violaciones y reparaciones; la Corte recibe argumentos y pruebas del Estado y de las víctimas antes de dictar una sentencia vinculante. Al cierre de la información no se había anunciado fecha de audiencia ni resolución sobre el fondo.
El conflicto territorial se remonta al menos a 2005, cuando empresas privadas comenzaron a comprar tierras ocupadas durante siglos por comunidades Q'eqchi'. La falta de títulos adecuados dejó sus derechos ancestrales expuestos a operaciones privadas. En 2011, tras años de disputa y protesta, un tribunal autorizó el desalojo de las 14 comunidades que se negaban a abandonar el territorio.
Según el informe de la CIDH, los operativos se ejecutaron de forma violenta y con uso desproporcionado de la fuerza, sin investigar debidamente la ocupación histórica ni los impactos sociales y culturales. En mayo de 2013, durante el desalojo de 95 familias en la finca Río Polochic, cinco indígenas fueron heridos de bala y necesitaron atención hospitalaria.
La Comisión afirma que, en el mismo período, el Estado autorizó la expansión de plantaciones de caña de azúcar sin consulta indígena ni estudios de impacto ambiental. La sustitución de cultivos tradicionales de arroz, maíz y frijol habría agravado el desplazamiento, la seguridad alimentaria y el acceso al ambiente del que dependían las familias. Estas son conclusiones de la CIDH que Guatemala podrá controvertir ante la Corte.
La petición de reparación incluye retorno seguro, alimentos, agua potable, vivienda y atención a los daños sufridos. También solicita delimitar el territorio, otorgar propiedad colectiva a las 14 comunidades y construir un marco jurídico que garantice los derechos ancestrales. Una eventual orden deberá acompañarse de presupuesto, cronograma, consulta culturalmente adecuada y garantías frente a nuevos desalojos.
El caso puede fijar estándares regionales sobre la relación entre titulación tardía, agroindustria, consulta y derecho a la alimentación. Su alcance dependerá de la sentencia y de su cumplimiento: llegar a la Corte da visibilidad y abre una vía vinculante, pero no devuelve por sí solo tierra ni cultivos. La prueba decisiva será que cualquier reparación transforme las condiciones materiales de las comunidades, no sólo el expediente.
