Los incendios forestales que afectan al departamento boliviano de Tarija, en el sur del país, continúan expandiéndose por quinto día consecutivo y han alcanzado comunidades cercanas a la capital, mientras los fuertes vientos dificultan las tareas de extinción y ponen a prueba la capacidad de respuesta del Estado[reference:0].
Uno de los frentes más críticos se encuentra en la comunidad del Rincón de la Victoria, a unos 12 kilómetros de la ciudad, donde las llamas descendieron hacia zonas pobladas, mientras otros focos permanecen activos en comunidades como Quirusillas, Erquiz Ceibal, Obrajes, Cadillar y La Victoria[reference:1]. El Gobierno desplegó dos helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana para realizar descargas de agua y reforzó las operaciones con militares y bomberos, pero las condiciones meteorológicas han limitado la efectividad de las labores[reference:2].
Los vientos de hasta 70 km/h, el terreno montañoso y la sequía han impulsado los múltiples focos de incendio y han obligado a distribuir recursos entre los distintos puntos[reference:3]. Los incendios en Tarija forman parte de una emergencia más amplia que también afecta a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, donde las altas temperaturas y la baja humedad favorecen la propagación del fuego[reference:4].
En Santa Cruz, los dos focos de incendio se concentran cerca de la frontera con Brasil y se calculan más de 21 mil hectáreas afectadas[reference:5]. En una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental, el gobernador Juan Pablo Velasco cuestionó el esquema de financiamiento para las autonomías: “No podemos cuidar más de 15 millones de hectáreas de áreas protegidas con recursos tan limitados”[reference:6]. Explicó que la Gobernación percibe el 0,4% del Presupuesto General del Estado, equivalente a 210 millones de dólares, de los cuales puede decidir unos 70 millones[reference:7].
En Cochabamba un incendio se reactivó en la comunidad de Liriuni, a 28 kilómetros de la ciudad, y se han consumido más de 100 hectáreas de vegetación[reference:8]. En las tres regiones, los bomberos y voluntarios enfrentan una serie de dificultades que exponen la limitada capacidad de respuesta del Estado, incluyendo falta de equipamiento y combustible para trasladar a las brigadas a las zonas de emergencia[reference:9].
En los últimos diez años, los incendios forestales se han convertido en un fenómeno recurrente en Bolivia durante la estación seca, especialmente entre julio y octubre, cuando las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos favorecen la rápida propagación del fuego[reference:10]. Diversos estudios académicos y de organizaciones ambientales coinciden en que la mayoría de los focos no se originan de manera natural, sino por actividades humanas[reference:11].
Entre las principales causas identifican la expansión de la frontera agrícola y ganadera, así como la distribución de predios en zonas boscosas que ha favorecido intereses sectoriales y ha coincidido con procesos de ocupación irregular de tierras[reference:12]. Las investigaciones también señalan que los avasallamientos asociados a economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, contribuyen a la deforestación y al uso indiscriminado de quemas para consolidar el control territorial[reference:13].
Todo esto ocurre bajo un marco normativo —conocido localmente como “leyes incendiarias”— que ha facilitado estas prácticas mediante autorizaciones para desmontes y quemas, mientras las sanciones por incendios ilegales son leves y su aplicación suele ser deficiente[reference:14]. La crisis en Tarija, Santa Cruz y Cochabamba evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales, mejorar los mecanismos de prevención y revisar las políticas que han permitido la expansión descontrolada de la frontera agropecuaria en áreas de alto valor ecológico.
