La Corte Suprema de Estados Unidos abrió su período 2026-2027 con una disputa capaz de definir el recorrido de decenas de demandas climáticas. El 5 de octubre escuchó los argumentos de ExxonMobil y Suncor Energy contra la ciudad y el condado de Boulder, Colorado. La cuestión inmediata es jurídica: si el derecho federal impide que tribunales estatales tramiten reclamos por daños atribuidos a emisiones generadas dentro y fuera del estado.
Boulder inició la demanda en 2018, antes del incendio Marshall. Sus autoridades sostienen que las compañías engañaron al público acerca de la contribución de sus productos al calentamiento global y reclaman daños monetarios no especificados para afrontar costos crecientes de adaptación y desastres. La acción se apoya en normas estatales de responsabilidad y protección al consumidor, no pide a Colorado fijar un límite nacional de emisiones.
Las empresas responden que el caso intenta regular indirectamente una actividad mundial. Invocan la Ley de Aire Limpio y la autoridad federal sobre las emisiones interestatales e internacionales. La administración de Donald Trump respaldó esa posición. Para Boulder, en cambio, la pretensión consiste en obtener compensación por perjuicios locales y por una conducta comercial presuntamente engañosa, materia que los estados han tratado históricamente.
Tribunales inferiores y la Corte Suprema de Colorado permitieron que el expediente siguiera bajo derecho estatal. Eso no significa que hayan probado el engaño, la causalidad o el monto de un daño. La Corte Suprema federal examina ahora la preeminencia del derecho federal y también su propia jurisdicción para revisar una decisión que todavía no cerró el litigio. El juicio de fondo aún no ocurrió.
El incendio Marshall de diciembre de 2021 dio una dimensión concreta al debate. Avanzó sobre zonas suburbanas de Louisville y Superior, destruyó más de mil viviendas y causó pérdidas cercanas a 2.000 millones de dólares. El cambio climático fue considerado un factor que agravó las condiciones de incendio, pero el proceso de Boulder había comenzado tres años antes y no busca determinar quién encendió ese fuego específico.
El alcance potencial supera a Colorado. Estados y ciudades han presentado acciones similares para recuperar gastos por incendios, inundaciones, sequías, erosión costera y otras consecuencias. Una victoria empresarial podría cerrar o restringir muchos expedientes antes de que lleguen a juicio. Una victoria de Boulder permitiría que su caso continúe, pero no establecería automáticamente responsabilidad ni garantizaría una indemnización.
La sentencia llegará después de los argumentos y deberá leerse por su alcance exacto. El tribunal puede resolver sobre competencia, preeminencia federal o ambos puntos, sin fijar una fórmula científica para atribuir cada desastre a una empresa. La pregunta decisiva de esta etapa no es cuánto pagará la industria, sino quién puede escuchar estas demandas y bajo qué cuerpo de derecho podrán probarse.
