Brasil puso en marcha su Plan Clima 2024–2035 como instrumento central para cumplir la Contribución Determinada a Nivel Nacional presentada ante el Acuerdo de París. El objetivo es reducir las emisiones netas entre 59% y 67% respecto de 2005 para 2035 —equivalente a llevarlas a un rango de 850 millones a 1.050 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente— y encaminar al país hacia la neutralidad climática en 2050.
La estrategia fue coordinada por la Casa Civil y el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, con participación de más de 25 ministerios y consultas públicas. Se organiza en mitigación, adaptación y políticas transversales de financiamiento, gobernanza, monitoreo y transición justa, de modo que la meta nacional pueda traducirse en planes para uso del suelo, energía, industria, transporte, agricultura y ciudades.
El núcleo de la reducción vuelve a estar en los bosques. El plan contempla eliminar hacia 2030 las emisiones derivadas de la deforestación en bosques públicos, delimitar 4,5 millones de hectáreas de territorios indígenas y crear más de 4 millones de hectáreas de nuevas unidades de conservación hacia 2027. Proteger esos territorios es una política climática porque evita emisiones y conserva reservas de carbono, agua y biodiversidad.
Esa ambición convive con trayectorias sectoriales mucho menos exigentes. Para agricultura y ganadería, el escenario prevé emisiones 1% superiores en 2030 frente a 2022 y, para 2035, un rango que va desde una caída de 7% hasta un aumento de 2%. La amplitud de esa banda expone cuánto dependerá el resultado de productividad, recuperación de pasturas, control de la expansión y aplicación efectiva de tecnologías de bajas emisiones.
La mayor contradicción aparece en energía. Las proyecciones del plan admiten un aumento de emisiones de 33% para 2030 y de hasta 44% para 2035 frente a 2022, asociado a la expansión de combustibles fósiles y biocombustibles, aunque la matriz eléctrica mantendría cerca de 86% de fuentes renovables. Una electricidad mayormente limpia no compensa por sí sola el crecimiento del petróleo, el gas y los combustibles usados fuera del sistema eléctrico.
Organizaciones ambientalistas valoran que Brasil haya integrado mitigación y adaptación, pero cuestionan la ausencia de una hoja de ruta concreta para reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles. El gobierno anunció un plan específico de transición energética, mientras continúa la exploración de nuevos yacimientos; esa tensión definirá si el Plan Clima diversifica el esfuerzo o se limita a trasladar a los bosques la mayor parte de la responsabilidad nacional.
La siguiente etapa es de implementación y verificación: presupuestos, metas sectoriales intermedias, demarcaciones efectivas, nuevas áreas protegidas y sistemas públicos de seguimiento. Si las emisiones de energía y agro crecen dentro de los márgenes proyectados, Brasil necesitará resultados extraordinarios y duraderos contra la deforestación; si esos sectores también reducen, la meta de 2035 será menos vulnerable a incendios, retrocesos regulatorios y cambios políticos.
