El presidente de Vale, Gustavo Pimenta, afirmó que la falta de una reglamentación federal sobre cavernas afecta proyectos de cobre y hierro en Brasil y podría alcanzar a los minerales de tierras raras. La empresa reclama un criterio operativo para clasificar las cavidades según su relevancia ambiental. El debate incide especialmente en la provincia mineral de Carajás, en Pará, donde yacimientos y formaciones subterráneas comparten el territorio.
Entre los proyectos mencionados están Alemão, de cobre, y S11C, de mineral de hierro. Vale estima que Alemão demandaría entre R$ 8.000 millones y R$ 10.000 millones, una cifra que muestra el tamaño de la inversión en espera. La compañía propone preservar las cavernas de máxima relevancia y permitir intervenciones, con compensación, en cavidades que sean calificadas como de baja importancia o sin biodiversidad significativa.
La controversia tiene un antecedente central. El Decreto 10.935 de 2022 permitió impactos irreversibles sobre cavernas de máxima relevancia cuando una obra fuera considerada de utilidad pública. El Supremo Tribunal Federal suspendió partes decisivas del decreto y restableció la prohibición de daños irreversibles en esas cavidades y sus áreas de influencia; la decisión cautelar fue confirmada por el pleno en 2024.
La legislación brasileña distingue cavernas de relevancia máxima, alta, media y baja mediante atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, escénicos, históricos, culturales y socioeconómicos. Sin embargo, el acto conjunto necesario para aplicar aspectos de esa clasificación todavía no fue emitido, según el ICMBio. Ese vacío no elimina las obligaciones ambientales, pero aumenta la incertidumbre sobre estudios, plazos y decisiones de licenciamiento.
Las cavernas no son espacios vacíos. Pueden albergar especies endémicas, almacenar registros climáticos y fósiles, proteger vestigios arqueológicos y participar en la recarga y circulación de acuíferos. Una cavidad con pocos organismos observados durante una campaña no necesariamente carece de valor: la estacionalidad, la conexión subterránea y la insuficiencia del muestreo pueden ocultar funciones que se pierden de forma permanente al destruirla.
El presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, defendió una solución que concilie producción y protección. Un estudio de Vale y Accenture también pide criterios estandarizados, procesos más simples y mayor capacidad para Ibama, Iphan, Funai y órganos estaduales, con el objetivo de reducir de quince años a entre ocho y diez la maduración de grandes proyectos. Agilidad, sin embargo, depende tanto de expedientes completos y equipos técnicos como de cambios normativos.
Una salida confiable requiere clasificación independiente, datos públicos, consulta a comunidades afectadas y reglas que separen con claridad lo compensable de lo irremplazable. Conviene medir tiempos por etapa, calidad de los inventarios, impactos acumulativos y cumplimiento de compensaciones, no solo licencias concedidas. La demanda por cobre y hierro para infraestructura y transición energética no vuelve prescindible el subsuelo: obliga a decidir con evidencia antes de aceptar una pérdida irreversible.
